Simplificación de procedimientos

Descripción:

La actividad de las Administraciones públicas tiene una incidencia inmediata en las actividades privadas por lo que uno de los desafíos más importantes en la administración pública consiste en la definición, desarrollo y ejecución de políticas públicas de simplificación administrativa orientadas a atender de manera óptima, sencilla y rápida las necesidades de los ciudadanos y empresas.

Las empresas están sujetas al cumplimiento de una multitud de obligaciones impuestas por la normativa que regula su actividad. La reducción de cargas puede contribuir a incrementar la productividad empresarial y, con ello, a mejorar la competitividad del conjunto de la economía y a proporcionar nuevas y adicionales oportunidades de negocio y empleo.

Para ello es imprescindible llevar a cabo actuaciones de mejora de la regulación con el fin de incrementar la calidad de las normas en todos aquellos puntos que supongan la aparición de obstáculos innecesarios a la competencia, la innovación y el crecimiento económico.

Por último, antes de abordar la conversión telemática de un procedimiento administrativo deberá realizarse un análisis que elimine obligaciones repetitivas, trámites innecesarios u obsoletos.

Medidas:

  • Identificación de las obligaciones que de conformidad con la normativa vigente tienen los ciudadanos, y preferentemente las empresas, ante la Administración.
  • Cuantificación de las cargas administrativas derivadas de estas obligaciones de información utilizando el Modelo de Costes Estándar.
  • Identificación e implantación de medidas que permitan reducir o eliminar las cargas administrativas, simplificando los trámites con el apoyo de nuevas tecnologías.
  • Medición del impacto de la reducción de las cargas administrativas que las modificaciones de la normativa vigente a nivel autonómico puedan suponer.

Indicadores:

  • Número de procedimientos sobre los que se haya realizado el análisis.
  • Número de cargas reducidas.
  • Importe del coste de las reducciones

Alcance temporal:

  • Durante el año 2013 se procederá a realizar la identificación y cuantificación y en el año 2014 se implementaran y se analizará el impacto.

Responsables:

  • La Secretaría General Técnica de Administración Pública y Hacienda en colaboración con las Secretarías Generales Técnicas de las diferentes Consejerías con el apoyo de la Dirección General de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.