7 de octubre de 2005

El Gobierno de La Rioja ha aprobado esta mañana el proyecto de la Ley de Protección de Menores en el que se regulan todas las competencias y potestades de la Comunidad en materia de protección y tutela de menores. Con esta nueva regulación se ha pretendido adaptar la legislación regional con el fin de que los procedimientos relacionados con menores refuercen las garantías sobre sus derechos.

El Gobierno regional remitirá al Parlamento este proyecto de Ley, que pretende ofrecer las propuestas más contrastadas en el derecho comparado y ajustadas a las necesidades de nuestra Comunidad Autónoma. Una vez que la Ley haya sido aprobada y publicada en el BOR se establecerá un periodo de seis meses (disposición final) para su entrada en vigor, periodo durante el cual se elaborarán los reglamentos de ejecución.

El proyecto implica a todos los departamentos públicos a favor del menor, mejora la cobertura para la defensa de los niños, revisa todo el procedimiento de adopción nacional e internacional, el acogimiento residencial y familiar, y vela por la protección del menor respecto a los medios audiovisuales y telemáticos.

Las principales novedades del nuevo texto están relacionadas con los derechos, la protección y la adopción de los menores. Uno de los principales avances está relacionado con las competencias administrativas, ya que contempla que será la Consejería competente en cada materia la que impondrá las oportunas sanciones en caso de infracción de sus preceptos. Dicta, asimismo, que los ingresos derivados de las mismas se destinarán a la atención y protección de menores.

La Consejería de Juventud, Familia y Servicios Sociales ostentará función directiva en lo que atañe al menor, lo que incluye la posibilidad de proponer a otros departamentos la incoación de procedimientos sancionadores.

Para acometer este proyecto, la Consejería de Juventud, Familia y Servicios Sociales ha contado con la colaboración de un equipo de la Universidad de La Rioja, que ha aportado solvencia técnica y académica. Los redactores de la Ley han huido de fórmulas vacías de contenido y de repetición de enunciados que ya están establecidos en la Constitución, en la Ley Orgánica 1/96 de Protección del Menor o en los Tratados Internacionales sobre estas materias suscritos por España y que son directamente aplicables y vinculantes.