21 de octubre de 2005

El Gobierno de La Rioja ha encomendado esta mañana a la Consejería de Hacienda y Empleo la elaboración de una segunda norma que regule la concesión de indemnizaciones a los riojanos que sufrieron prisión por motivos políticos y que no pudieron beneficiarse en su día de las ayudas establecidas a través de la Ley 46/1977, de Amnistía. El objetivo de estas nuevas ayudas es compensar a la totalidad de presos políticos riojanos que no han sido indemnizados todavía.

Una vez resueltos todos los expedientes derivados de la primera Orden de ayudas del Gobierno riojano, la Consejería de Hacienda y Empleo ha podido comprobar que existían personas que no habían tenido conocimiento de la existencia de estas indemnizaciones.

Por otro lado, algunas de las solicitudes no pudieron estimarse al no haber obtenido los interesados la documentación acreditativa de la privación de libertad de los archivos militares y penitenciarios. También hubo interesados que recibieron indemnizaciones menores que las que hubieran correspondido si la citada documentación se hubiera recibido antes de cerrarse el procedimiento de concesión, puesto que algunos archivos enviaron la documentación tras más de año y medio de espera.

Una vez transcurrido un tiempo prudencial para la localización de toda la documentación solicitada, el Gobierno de La Rioja ha considerado justo realizar una nueva convocatoria para atender todos estos supuestos e indemnizar con la máxima cuantía posible a todos los presos políticos riojanos excluidos de las indemnizaciones estatales.

Hasta el momento, el Gobierno de La Rioja ha indemnizado con 164.000 euros a 52 personas que no pudieron beneficiarse en su día de las ayudas establecidas por el Estado en las Leyes de Presupuestos para los años 1991 y 1992. Sin embargo, 22 personas no pudieron recibir indemnización por no cumplir con los requisitos.

La normativa autonómica establecía menores requisitos que otras Comunidades que han regulado estas ayudas, tanto en lo que se refiere a beneficiarios, como en lo referente a edad y vecindad civil. Asimismo, no establecía mínimos de estancia en prisión, por lo que cualquier persona que hubiera sufrido privación de libertad, aunque fuera de un solo día, tenía derecho a una indemnización. En este sentido, se estableció un baremo progresivo de cuantías en relación a los periodos de reclusión. Por ello, la nueva orden mantendrá los mismos requisitos previstos en la norma anterior.

La cuantía media de las indemnizaciones concedidas fue de 3.154 euros, la más alta ha ascendido a 9.600 euros y la más baja, a 900 euros.

Este procedimiento se abrió con la resolución inicial del Consejero de Hacienda y Empleo en el año 2001.