6 de septiembre de 2002

El Gobierno autonómico ha aprobado el proyecto de Ley de Red Verde de La Rioja, que regulará la promoción, declaración, construcción, uso, mantenimiento, protección, vigilancia y régimen sancionador de las infraestructuras integradas en la misma, que son las rutas y vías verdes cuyo itinerario discurra íntegramente dentro del territorio de La Rioja.

La nueva normativa da respuesta a la necesidad de establecer un marco jurídico-administrativo para asegurar y compatibilizar el disfrute por parte de todos los ciudadanos de unos bienes de dominio público, como son las vías verdes, con su adecuada conservación, dado que existe una creciente demanda social de reutilizar distinta rutas y caminos como infraestructuras de ocio y contacto con la naturaleza.De hecho, La Rioja ha sido pionera en la transformación de tramos del ferrocarril en desuso en vías verdes, como son las de Calahorra-Arnedillo, Haro-Ezcaray y Préjano.

El proyecto de Ley indica que la Red Verde estará constituida por "las infraestructuras de trazado continuo destinadas al tráfico no motorizado proyectadas y acondicionadas o construidas para uso público con fines de ocio, deportivos, recreativos, culturales y de protección del medio ambiente, y que sean declaradas como rutas o vías verdes". Del mismo modo, define Vía Verde como "la infraestructura que discurre por antiguas vías de comunicación autónomas fuera de uso" y Ruta Verde como "la infraestructura que discurre por trazados distintos a los de las Vías Verdes".

Estas infraestructuras, que son bienes de dominio y uso públicos , se declaran de utilidad pública a efectos de expropiación forzosa, ocupación temporal e imposición o modificación de servidumbres.

La declaración de rutas o vías verdes se efectuará por Decreto de Gobierno, a propuesta de la Consejería competente, y contendrá la denominación de la infraestructura, descripción de su trazado y características generales, además del régimen de uso de la misma. La declaración conllevará la inclusión de la ruta o vía en el Inventario de Infraestructuras de la Red Verde de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Por otra parte, la construcción de las infraestructuras de la Red Verde serán financiadas por la Comunidad Autónoma, que podrá establecer los oportunos convenios de colaboración con otras administraciones y organismos públicos, instituciones o particulares para cofinanciar la inversión necesaria.

En cuanto al uso y mantenimiento de la Red Verde, se establecerá una zona de dominio público, que comprenderá los terrenos ocupados por la ruta o vía y sus elementos funcionales y una franja de dos metros de anchura a cada lado medidos desde el borde exterior de la misma, en la que se aplicará el régimen de protección. Igualmente se aplicará el régimen de protección a la zona de afección, que comprende una franja mínima de cinco metros de anchura a cada lado de la vía o ruta medidos desde el límite exterior de la zona de dominio público.

Del mismo modo, el texto establece que las infraestructuras de la Red Verde deberán ser mantenidas en buen estado de uso y conservación y deberán llevarse a cabo las obras de señalización y reparación necesarias en cualquiera de sus elementos estructurales, funcionales u ornamentales. Señala también que la vigilancia de las rutas y vías se realizará por personal de la Administración autonómica especialmente habilitado para ello, que podrá colaborar con la Guardia Civil y la Policía Local.

El proyecto de Ley contempla tres tipos de usos de la Red Verde: permitidos, autorizables y prohibidos. Los permitidos serán la utilización de las rutas o vías con fines turísticos, ecológicos, deportivos, práctica de senderismo, paseo y ciclo turismo y otras formas de paseo sobre vehículos no motorizados. Asimismo, considera usos compatibles la circulación de vehículos que prestan un servicio público, como ambulancias, bomberos y policía, y de aquellos que se utilizan para el servicio y mantenimiento de la infraestructura. También permitirá el paso de vehículos y ganado exclusivamente a través de cruces señalizados para comunicar la trama de caminos rurales existentes y los usos agrícolas que se realicen en la zona de afección.

Los usos autorizables en la zona de dominio público serán transitar en caballerías o animales de tiro, cualquier acción lúdica, deportiva y recreativa compatible con los usos permitidos, la realización de obras e instalaciones previa autorización, el tránsito de ganado cuando sea de forma continuada y, con carácter excepcional y para un uso específico y concreto, el desplazamiento de vehículos motorizados, de carácter agrícola o no, cuando venga exigido por la existencia de accesos a propiedades particulares. En la autorización se especificará el vehículo, la finca, la velocidad y los tramos transitables, entre otras condiciones de uso.

Por último, el texto señala como usos prohibidos la ocupación o utilización de la ruta o vía para actividades incompatibles con su destino, el vertido de basuras y residuos, circular con vehículos a motor, salvo las excepciones señaladas, y la colocación de publicidad estática en la zona de dominio público, excepto en los tramos urbanos en los que esta actividad estará sometida a la ordenanza municipal.

Por otra parte, el proyecto de Ley fija determinadas competencias dentro de los tramos urbanos de las rutas o vías, que serán aquéllos que discurran por suelo calificado de urbano por el correspondiente instrumento de planeamiento urbanístico. En estos tramos, los Ayuntamientos deberán otorgar las autorizaciones para la realización de actividades y usos, y encargarse de su conservación y explotación.

El nuevo texto regula también la modificación y pérdida de condición de ruta o vía verde y establece que, con carácter excepcional, se podrá modificar el trazado por razones de interés público, siguiendo el mismo procedimiento que para la declaración, así como que la vía o ruta verde perderá esta condición cuando se encuentre en desuso o haya dejado de prestar servicio para los fines y objetivos que le son propios.

El proyecto de Ley establece también las infracciones leves, graves y muy graves y correspondientes sanciones que podrán aplicarse, las cuales oscilarán entre 30 y 600 euros en el caso de infracciones leves; 600 y 6.000 euros, en las graves y de 6.000 a 60.000 euros, en las muy graves.