24 de mayo de 2002

El Gobierno de La Rioja ha aprobado hoy el proyecto de Ley de Protección del Medio Ambiente en La Rioja, cuyo objetivo es abordar a corto y medio plazo la conservación del medio ambiente desde la prevención. Por este motivo, el Gobierno regional pretende, con esta Ley, integrar la política medioambiental en el resto de políticas sectoriales y establecer un cauce legal, que se materializará en la creación del Consejo Asesor de Medio Ambiente, para promover la participación ciudadana en la toma de decisiones relacionadas con esta materia.

Por otra parte, el proyecto reduce y agiliza los trámites administrativos de las concesiones de autorización ambiental para las actividades que lo requieran, en consonancia con la política europea de la Ventanilla Única, y tiene en cuenta la filosofía del Pacto Local ya que otorga competencias a los Ayuntamientos en la tramitación de licencias ambientales.

El proyecto de Ley, que es la primera normativa propia de la Comunidad Autónoma en esta materia, tiene en cuenta toda una serie de normas de protección y control derivadas del derecho comunitario y de la legislación estatal. Recoge, por ejemplo, toda la normativa europea reguladora de las materias de Evaluación de Impacto Ambiental y de la Prevención y Control Integrado de la Contaminación (IPPC) e integra el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. Incorpora, asimismo, las Directivas europeas de Sistemas de Ecoauditorías, Gestión Ambiental, Etiqueta Ecológica y Derecho de Acceso a la Información en materia medioambiental y la Directiva 2001/42/CEE relativa a la evaluación de determinados planes y programas en el medio ambiente.

Esta nueva norma, resultado de un largo proceso de elaboración que comenzó en 1998 y ha llegado a tener hasta 15 borradores diferentes, dará cobertura a todas las actividades susceptibles de afectar al medio ambiente.

La Ley de Protección consta de un Título preliminar, que marca el objeto, los fines y el ámbito de aplicación, 3 Títulos, 64 artículos, 4 disposiciones adicionales, 1 derogatoria y 3 disposiciones finales.

El Título primero regula los distintos regímenes de intervención administrativa que podrán adoptar las figuras de Declaración de Impacto Ambiental, Autorización Ambiental Integrada de proyectos y actividades o Licencia Ambiental -de aplicación municipal- dependiendo de los planes, programas, proyectos, actividades e instalaciones de que se trate.

El Título segundo recoge los instrumentos de actuación necesarios para ejercer la política ambiental de forma coherente con los principios de responsabilidad compartida y participación, que pueden ser públicos o voluntarios. Los instrumentos públicos de actuación contemplados en la Ley son de tres tipos: Tutela y gestión ambiental, promoción de la participación social en la protección del medio ambiente y económico-financieros.

En primer lugar, concibe como instrumentos de gestión los Planes y Programas de Protección Ambiental contenidos en la Directiva 2001/42/CE; los Sistemas de Gestión y Auditorías Medioambientales, en relación a los cuales la Comunidad podrá designar entidades de acreditación y supervisión de verificadores medioambientales, y los distintivos de garantía de calidad ambiental, como la Etiqueta Ecológica.

En cuanto a la participación social, el proyecto contempla dos vías principales e inseparables: la difusión de la Información Ambiental y la creación de un órgano consultivo superior denominado Consejo Asesor del Medio Ambiente.

Respecto a los instrumentos económicos, destaca la previsión de medidas fiscales, en aplicación del principio fundamental de "quien contamina paga", y el Fondo de Conservación Ambiental, que se creará para financiar actuaciones de prevención y protección ambiental y cubrir, en la medida de los posible, los daños causados cuando no se pueda identificar al responsable de los mismos o sea insolvente.

Finalmente el Título tercero determina las funciones de control, inspección y vigilancia y el régimen sancionador. En ese sentido, el proyecto, además de fijar los tipos de infracciones y sanciones, establece la obligación de reponer los bienes a su estado anterior y de pagar indemnizaciones por daños y perjuicios, y contempla la creación de un Registro de Infractores de Normas Ambientales.