24 de julio de 2002

El Gobierno de La Rioja ha aprobado esta mañana el nuevo Proyecto de Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma, que servirá para derogar la originaria Ley 3/1992 de Tasas y Precios Públicos y sus normas de desarrollo complementarias, que hasta la fecha se encontraban dispersas en diferentes Boletines Oficiales desde 1992.

La norma recopila la totalidad de tasas y precios públicos y anticipa la competencia de la Consejería de Hacienda y Economía para publicar cada año una Orden de actualización, por lo que ha exigido un prolijo trabajo de elaboración, coordinado por la citada Consejería y en el cual han participado todos los Centros Gestores de la Comunidad Autónoma. En definitiva, el nuevo texto normativo supone un avance significativo en claridad de la información y, además, introduce planteamientos novedosos, como el reconocimiento de edios de pago desarrollados a partir de las nuevas tecnologías, que se incorporarán en la aplicación del nuevo Proyecto de Gestión de Ingresos ORIA de la Consejería de Hacienda y Economía.

Consta de 46 artículos que se organizan en tres Títulos: Disposiciones Generales, Tasas y Precios Públicos. Junto con este apartado dispositivo, destaca la inclusión de un completo anexo en el que se ordenan la totalidad de las tasas por Consejerías, además de un primer grupo correspondiente a Servicios Generales. Completan la norma tres disposiciones transitorias, una derogatoria y otras tres finales.

El texto introduce, de partida, la novedad de adaptar la definición de lo que se entiende por tasa y precio público a lo dictado por el Tribunal Constitucional en una sentencia emitida por un recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la Ley de Tasas y Precios Públicos del Estado.

En las Disposiciones generales destaca el artículo 5, referido a la gestión de estos pagos. El régimen general que se establece es el de autoliquidación e ingreso previo a la prestación del servicio, realización de la actividad o entrega del bien. Sólo en algunos supuestos específicos se empleará el sistema de liquidación por parte de la Administración y posterior notificación al interesado. También se reconoce a la Administración la facultad de girar liquidaciones complementarias cuando se detecte que el interesado ha ingresado una cantidad inferior a la que le correspondía. Por último, se reconoce la posibilidad de conceder aplazamientos y fraccionamientos.

Las vías de revisión de estos pagos previstas en el Proyecto de Ley son cuatro: rectificación de errores materiales o de hecho y aritméticos, recurso potestativo de reposición, reclamación económica-administrativa y devolución de ingresos indebidos.

Los Títulos II y III se refieren a la tasas y a los precios públicos, respectivamente, y tienen una estructura similar. El Título II, no obstante, es el más prolijo, puesto que se refiere al régimen de Tasas, que es mucho más relevante en la financiación de las Administraciones, frente a la financiación residual que suponen los Precios Públicos.

Sobre el establecimiento de tasas, se especifica que se efectuará mediante Ley del Parlamento y que se habrá de regular el hecho imponible, los sujetos obligados por el pago, el devengo, la tarifa y las exenciones y bonificaciones. Para fijar el coste, se determina que el rendimiento de las tasas no excederá del coste total de la prestación del servicio y que, en su cuantificación, se considerarán tanto los costes directos como los indirectos, de carácter financiero, amortización y mantenimiento. Por último, se establece el requisito de incluir una memoria económica y financiera que justifique dicho coste como elemento de juicio para la fijación de la cuantía.

El artículo 16 concreta la prestación de servicios o realización de actividades por los que podrán establecerse tasas, que son los siguientes:

- utilización privativa o aprovechamiento especial de dominio público

- tramitación/expedición de licencias, matrículas o autorizaciones administrativas

- expedición de certificados o documentos a instancia de parte

- legalización y sellado de libros y visado de documentos

- actuaciones técnicas y facultativas de vigilancia, dirección, inspección, investigación, estudios, informes, asesoramiento, comprobación, reconocimiento o prospección

- examen a proyectos, verificaciones, contrastaciones, ensayos, homologaciones

- valoraciones y tasaciones

- inscripciones y anotaciones en Registros oficiales y públicos

- servicios académicos y complementarios

- servicios de transportes

- servicios sanitarios

- servicios o actividades en general que se refieran, afecten o beneficien a personas determinadas o que hayan sido motivadas por éstas

El Título II se cierra con la concreción, en su capítulo tercero, de aquellos procedimientos aplicables para instruir las tasas. El control superior de las funciones relacionadas con las tasas de la Comunidad Autónoma corresponderá a la Consejería competente en Hacienda. Respecto a las normas relativas a los medios de pago, se establece con carácter general que deberán realizarse en efectivo (dinero de curso legal, cheque bancario, transferencia bancaria, tarjeta de crédito o débito) o mediante papel timbrado de la Comunidad. En este caso, cabe destacar la novedad que supone la aceptación de las tarjetas de crédito o débito. Este capítulo se cierra con los plazos de pago voluntarios, el procedimiento de apremio, el aplazamiento y fraccionamiento de pago y las infracciones y sanciones.

Por su parte, el Título III establece mecanismos más rigurosos para la creación y modificación de precios públicos, entre los que cabe destacar la exigencia de que la determinación de los bienes, servicios y actividades retribuibles mediante precios públicos y de que los precios públicos inferiores al coste se establezcan mediante Decreto, y la centralización de la creación de nuevos precios públicos en la Consejería competente en Hacienda.

Se considerarán como precios públicos los ingresos que tengan por causa las contraprestaciones pecuniarias que se satisfagan por la prestación de servicios, la realización de actividades o la entrega de bienes, efectuadas en régimen de Derecho público por la Administración de la Comunidad Autónoma cuando, prestándose también por el sector privado, sean de solicitud voluntaria por los administrados.

Las competencias superiores de control y coordinación se atribuyen también a la Consejería competente en Hacienda, mientras que las relativas a la administración, gestión e ingreso se atribuyen a cada uno de los centros gestores.

Por último, el anexo que contiene la regulación específica de todas y cada una de las tasas es uno de los valores más destacables del Proyecto de Ley. Por primera vez, las tasas específicas se sistematizan y racionalizan tanto en la definición de sus hechos imponibles como en la fijación de sus tarifas, al tiempo que se da cabida también a los nuevos servicios que se han derivado de las competencias asumidas en los últimos años por la Comunidad Autónoma.