6 de septiembre de 2002

El Gobierno de La Rioja ha aprobado el proyecto de Ley de organización del Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja, cuyo objetivo principal es aumentar la eficacia y calidad de la gestión administrativa, teniendo en cuenta que en los últimos 8 años se han asumido competencias fundamentales. Por este motivo, el texto pretende también homogeneizar los modelos organizativos de los distintos servicios que, con las competencias asumidas, gestiona ahora la Administración autonómica.

El texto ordena y estructura todo el Sector Público autonómico, definido como el conjunto de entes que, bajo la dirección y control del Gobierno de La Rioja, tienen la finalidad de prestar servicios públicos o satisfacer fines de la misma naturaleza.

Dentro del concepto de Sector Público, el proyecto diferencia dos entes: la Administración General, que es la Administración de la Comunidad Autónoma tal y como se ha concebido tradicionalmente y que se estructura en Consejerías, Secretarías Generales y Direcciones Generales, y los Organismos Públicos, que engloban a los organismos autónomos y a las entidades públicas empresariales.

Los organismos autónomos son agentes a los que se encomienda, bajo la dirección estratégica de una Consejería a la que se adscriben, la prestación de servicios con sometimiento pleno al derecho administrativo. La creación de estos entes obedece a necesidades de organización, dado que, en algunos casos, es preciso dotarles de una independencia funcional que no tendrían si se integrasen dentro de la Administración General. Bajo este tipo se integra, por ejemplo, el Servicio Riojano de Salud.

Por su parte, las entidades públicas empresariales, aunque tienen la misma dirección estratégica, realizan actividades de gestión de servicios públicos y pueden obtener ingresos como contraprestación de dichos servicios. Dentro de esta modalidad se encuentra la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER).

Por otra parte, el proyecto de Ley establece los requisitos necesarios para crear otro tipo de entes que, con independencia de su autonomía, se integran igualmente dentro del Sector Público porque se crean para satisfacer intereses públicos. En este tipo de entes se encuentran las sociedades públicas, las fundaciones y los consorcios.

Las sociedades públicas son entidades mercantiles constituidas con capital mayoritariamente público. Estas sociedades son entes de derecho privado que intervienen en el mercado porque se considera que existe un interés público que fundamenta dicha intervención. Actualmente, se encuentran dentro de esta tipología Saicar, Sodetur, Prorioja y el IRVI, entre otras.

Las fundaciones públicas, a diferencia de las sociedades, carecen de ánimo de lucro y, en la mayoría de los casos, se constituyen para favorecer la participación del sector privado en la realización de actividades que persigan un fin público. El caso actual más significativo es el de Fundarco, así como el de varias fundaciones que existen en el ámbito de la cultura.

Finalmente, los consorcios se conciben como entes públicos en los que se integran diferentes administraciones para conseguir fines concurrentes, como ocurre en el Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja, constituido por la Comunidad Autónoma y Corporaciones locales.

Todas estas entidades poseen dos características básicas: cuentan con la autonomía exigida para realizar los fines que se les encomiendan (prima el carácter de independencia) y están sujetas a diversos mecanismos de control creados para asegurar la dirección estratégica de las mismos por parte de quien los crea.

El proyecto de Ley, que establece un año de plazo para que los entes actuales se adapten a las nuevas figuras, no regula el Consejo Consultivo y el Consejo Económico y Social por su especial configuración.