20 de enero de 2007

La Dirección General de Tributos de la Consejería de Hacienda y Empleo ha evitado 58.458 desplazamientos a los ciudadanos de La Rioja en sus trámites con la Comunidad Autónoma durante el año 2006.

Estos desplazamientos se han evitado por un lado, gracias a la puesta en marcha de una herramienta informática que, vía telemática, permite la comunicación interna y posibilita que no se solicite al ciudadano la acreditación de información de la que dispone la Administración de la Comunidad Autónoma y, por otro, al convenio de intercambio de información no tributaria que tiene en vigor el Gobierno de La Rioja con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

De esta forma se han simplificado los trámites administrativos, -como las solicitudes de subvenciones para la adquisición o rehabilitación de vivienda, la solicitud de ayudas de empleo…-, que precisan certificaciones de estar al corriente con sus obligaciones fiscales u otro tipo de información expedida por ambas administraciones tributarias, como datos sobre niveles de renta, y se establecieron cauces directos entre ambas administraciones, central y autonómica.

Desde entonces, los ciudadanos no han tenido que aportar individualmente las certificaciones expedidas por las Administraciones tributarias al realizar este tipo de trámites con la Administración autonómica, ya que es la propia Administración de La Rioja quien solicita la información a la Dirección General de Tributos y a la Agencia Tributaria vía telemática.

En 2004, primer año completo desde que entraron en funcionamiento estos intercambios de información, se evitaron 17.341 desplazamientos. Esta cifra se incrementó a 47.850 en 2005 y ya ha superado los 55.000 desplazamientos, concretamente 58.458, en 2006, lo que supone un 22% más que el año anterior. De estos 58.458 desplazamientos, 5.353 han procedido del Servicio Riojano de Empleo, derivados de trámites relacionados con subvenciones al empleo, autoempleo, ayudas a la conciliación y 2.615 de la ADER.

La simplificación de este proceso es de carácter voluntario, salvo para ayudas y subvenciones, y la información solicitada está sujeta a la Ley de Protección de Datos de carácter personal.

Asimismo, con este procedimiento se avanza en la lucha contra el fraude al evitar otorgar ayudas o subvenciones a quienes no estén al corriente con sus obligaciones fiscales, es decir, aquellos que tengan deudas o defrauden tanto al Estado como a la Comunidad Autónoma de La Rioja.