17 de mayo de 2010

El Tribunal de Justicia de La Rioja ha desestimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Ayuntamiento de Logroño contra el acuerdo de Consejo de Gobierno que aprobaba la declaración de interés supramunicipal del proyecto de la Ecociudad. Esta sentencia se une a las dictadas por el mismo tribunal el pasado febrero que también desestimaba el recurso interpuesto por el Colectivo Ecologista Riojano sobre el mismo asunto, y otra del pasado 4 de mayo en la que desestimaba el recurso de la Asociación de Empresarios de la Construcción, Promoción y Afines de La Rioja (CPAR).

En este sentido, la Consejera de Turismo, Medio Ambiente y Política Territorial, Aránzazu Vallejo, ha señalado que, con esta sentencia, el Gobierno de La Rioja consigue un "pleno total, tres de tres" sentencias favorables, que resumen la posición de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJR sobre "la absoluta e incuestionable legalidad de la declaración de interés regional de la Ecociudad".

Por ello, Aránzazu Vallejo ha señalado que "sería bueno que el Ayuntamiento explicase el coste que va a tener para la ciudad no participar en un proyecto que es positivo", un coste que el Presidente del Gobierno de La Rioja cifró en la pérdida de unos 15 millones de euros. Asimismo, ha invitado de nuevo al Alcalde de Logroño a participar en el proyecto y ha asegurado que "en lugar de una posición permanentemente beligerante", lo razonable y lógico es "sumarse a un magnífico proyecto que va a ser una referencia en el ámbito nacional e internacional".

A su vez, el Consejero de Administraciones Públicas y Política Local, Conrado Escobar, ha destacado que "la Sala de lo Contencioso zanja cualquier duda jurídica que pudiera existir" sobre la Ecociudad y ha insistido en que son "tres sentencias de la sala favorables, más dos autos sobre la suspensión cautelar, también favorables; más un auto del Tribunal Constitucional, más un dictamen del Consejo Consultivo, todo favorable". Con estos pronunciamientos, según ha subrayado Conrado Escobar, "se pone fin al permanente sabotaje que por parte del Ayuntamiento de Logroño se ha querido infringir al proyecto de la Ecociudad" y ha añadido que "el Tribunal Superior de Justicia, ni más ni menos, refrenda punto por punto los actos administrativos dictados por el Gobierno de La Rioja".

La actual sentencia, que utiliza básicamente los mismos argumentos que los empleados en el recurso de la CPAR, desestima en su totalidad el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Logroño y estima que el proyecto es de interés regional, no infringe el principio de autonomía local, la actuación acordada por el Consejo de Gobierno puede desarrollarse en los terrenos del Monte El Corvo y no es posible la impugnación del Acuerdo de Gobierno en base a infracciones legales hipotéticas que no ha podido cometer.

En primer lugar, señala que el proyecto de la Ecociudad tiene interés regional ya que los objetivos propuestos trascienden al municipio de Logroño. El desarrollo del proyecto es un objetivo de la Comunidad de La Rioja que ha estimado su interés regional y su justificación está ampliamente documentada en el expediente administrativo. El uso residencial previsto para la zona de interés regional es un uso previsto en la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja. La Administración autonómica ha tenido en cuenta la existencia de una necesidad de viviendas protegidas que puede ser cubierta con una iniciativa novedosa y respetuosa con el medio ambiente.

En segundo lugar, la sentencia ratifica que la Comunidad Autónoma de La Rioja no ha vulnerado la autonomía local del Ayuntamiento de Logroño y ha ejercido rectamente sus competencias. La Sala entiende que el Acuerdo de Consejo de Gobierno se ampara en la LOTUR, "cuya constitucionalidad no se ha cuestionado, precisamente porque la competencia autonómica se prevé para los suelos urbanizable y no urbanizable, no para el suelo urbano, ello en aras al respeto de dicha autonomía local".

En tercer lugar, la sentencia establece que la zona elegida para desarrollar el proyecto por el Gobierno de La Rioja es apta. Se trata de suelo no urbanizable especial, y la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja contempla la posibilidad de delimitar zonas de interés regional en terrenos clasificados comos suelo no urbanizable u urbanizable. La Sala subraya que "no consta que el suelo afectado esté sometido a un concreto régimen especial de protección".

Por último, la sentencia determina que no es posible la impugnación del Acuerdo en base a hipotéticas vulneraciones de impactos ambientales, motivando que esta actuación no es susceptible de producir en sí misma impacto ambiental alguno.