20 de diciembre de 2010

El Tribunal Constitucional ha dado a conocer hoy la sentencia sobre el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Comunidad Autónoma de La Rioja contra el Estatuto de Cataluña.

En su sentencia el Tribunal Constitucional satisface las pretensiones esenciales argumentadas por el Ejecutivo riojano en su recurso, es decir, los artículos referentes a la gestión del agua, a las denominaciones de origen intercomunitarias, al sistema de financiación y al principio de bilateralidad.

En lo referente al agua, el Tribunal aunque considera constitucional la regulación del Estatuto, establece una serie de puntualizaciones que centran el alcance de la competencia que se reserva a la Generalitat. La puntualización más importante es que esas competencias en materia de agua lo son en los "términos establecidos en la legislación estatal". Con ello se salvaguarda el interés general de la Nación que representa el Estado (y el de La Rioja como parte de éste) y se reduce el alcance de las competencias que se reserva Cataluña. Por lo tanto, queda claramente establecido que las atribuciones de la Generalitat en materia de agua nunca podrán anteponerse a las estatales ni podrán ejercerse ignorando lo que el Estado disponga en su legislación.

En el mismo sentido se pronuncia el Tribunal respecto a las denominaciones de origen y señala que la ordenación de las denominaciones deberá someterse a las leyes estatales y que serán las que establezcan el alcance de las potestades autonómicas de gestión.

Respecto a los artículos del Estatuto referentes a la bilateralidad, la interpretación del Tribunal coincide con las pretensiones de la Comunidad Autónoma de La Rioja de evitar una relación igual a igual entre el Estado y la Generalitat. Siguiendo esta argumentación, el Tribunal ratifica que las decisiones en materia de financiación han de adoptarse en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

El fallo conocido hoy remite en buena medida a la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional en junio de 2010 sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Partido Popular. Tal y como el Tribunal ya sentenció en el recurso del Partido Popular, el nuevo fallo vuelve a confirmar la validez de nuestra Constitución como norma superior del ordenamiento y convivencia en nuestro país.