10 de junio de 2011

El Presidente del Gobierno de La Rioja, Pedro Sanz, ha mostrado hoy su "enorme satisfacción" por la sentencia del Tribunal de Justicia de Luxemburgo que ratifica la ilegalidad de las ayudas fiscales vascas. Para el Presidente riojano supone que "la lucha de La Rioja contra las vacaciones fiscales se ha visto coronada con el más rotundo de los éxitos".

La sentencia resuelve el recurso de casación interpuesto por las Diputaciones Forales Vascas contra una de las tres sentencias dictadas por este tribunal el 9 de septiembre de 2009. En estas tres sentencias, el Tribunal de Primera Instancia (hoy Tribunal General) declaró la ilegalidad de los beneficios fiscales concedidos por los Territorios Históricos en la década de los años 90, y posteriormente las Diputaciones Forales interpusieron recurso de casación. En la sentencia, el Tribunal de Justicia confirma íntegramente la sentencia de 2009, desestimando las alegaciones formuladas por las Diputaciones Forales y el Reino de España que intervino en su apoyo.

En el origen de las decisiones de la Comisión que enjuiciaron las vacaciones fiscales vascas se encuentran las denuncias que partieron de la Comunidad Autónoma de La Rioja; en concreto, y fundamentalmente, la formulada en octubre de 1997 por el Presidente de la Comunidad Autónoma, D. Pedro Sanz Alonso, con relación a las ayudas otorgadas a la empresa Ramondin por la Diputación Foral de Álava.

Al valorar la sentencia, el Presidente riojano ha señalado que "de nada ha servido, como demuestra la sentencia, la tardía intervención del Reino de España ya que no se han recogido los argumentos esgrimidos por la representante del Estado español, el esfuerzo infructuoso del Estado sólo ha servido para mostrar de nuevo la deslealtad del Gobierno de Zapatero hacia nuestra Comunidad Autónoma".

La sentencia ratifica el carácter de ayuda de Estado de la exención y el Tribunal niega la infracción de determinados principios de Derecho comunitario (confianza legítima, seguridad jurídica, buena administración, igualdad) que alegaron los Territorios Históricos y el Reino de España para condicionar e incluso paralizar la obligación de recuperar las ayudas otorgadas por las Diputaciones. El Tribunal de Justicia deja claro que en ningún momento la actuación de las Instituciones comunitarias pudo infundir ningún tipo de seguridad en la regularidad de las ayudas y deja claramente sentado que deben ser íntegramente reintegradas.

La sentencia impone las costas del recurso a las entidades recurrentes y contra la misma no cabe interponer ningún recurso, por lo que el Presidente riojano ha destacado que "de este modo se pone fin definitivamente al largo historial de procesos judiciales que en el ámbito comunitario han tenido por objeto las exenciones de 1993. La lucha de La Rioja contra estas exenciones se ha visto coronada con el más rotundo de los éxitos, tanto a nivel estatal como comunitario". Recordar que el Tribunal Supremo español en sentencia de 24 de junio de 2008 puso término a los pleitos seguidos ante los Tribunales nacionales.

En concreto, la sentencia corresponde al recurso relativo a la exención del Impuesto de Sociedades por un periodo de diez ejercicios fiscales para empresas de nueva creación. Recordar que la Comunidad Autónoma de La Rioja intervino en la vista oral celebrada en Luxemburgo el pasado 10 de marzo como parte recurrida junto a la Comisión Europea.

La Comunidad Autónoma de La Rioja solicitó la desestimación del recurso de casación y la ratificación de la sentencia dictada el 9 de septiembre de 2009 por el Tribunal de Primera Instancia las Comunidades Europeas. Como en ocasiones anteriores, La Rioja apoyó íntegramente la argumentación de la Comisión Europea. El Tribunal de Justicia ha acogido todas las alegaciones de La Rioja.

Una vez conocida la sentencia relativa a las exenciones de 1993, queda por conocer las dos sentencias referentes a los otros dos incentivos cuestionados por La Rioja: crédito fiscal y reducción de la base imponible. Las vistas orales de las casaciones referentes a estos recursos se celebraron el pasado 10 de mayo, y el Tribunal no ha notificado aún la fecha en que dará a conocer sus sentencias. No obstante, dada la íntima relación existente entre esos asuntos y el relativo a las exenciones de 1993 es muy previsible que el pronunciamiento del Tribunal sea sustancialmente coincidente con el conocido hoy.
En todo caso, "no cabe duda es de que la obligación de recuperar la totalidad de las ayudas no tiene vuelta atrás con la sentencia dictada hoy por el Tribunal de Justicia", ha indicado Pedro Sanz. "Los intentos de las Diputaciones y del Gobierno central dirigidos a paralizar la devolución o minorar el importe a reintegrar han resultado estériles. Y como quiera que las Diputaciones no han sido especialmente diligentes a la hora de gestionar esa devolución, cobra mucha fuerza la posibilidad de que el Reino de España sea castigado por el Tribunal de Justicia con la imposición de una multa millonaria, solicitada por la Comisión", ha añadido.

Antecedentes del recurso
Los días 15, 16 y 17 de enero de 2008 se celebraron en el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas las vistas orales de los diferentes procesos que enjuiciaron si los beneficios fiscales concedidos en el ámbito de los Territorios Históricos a partir de 1993 eran ajustados, o no, a la normativa comunitaria.

En concreto, los beneficios fiscales enjuiciados eran el crédito fiscal del 45% de las inversiones, la reducción de la base imponible del Impuesto de Sociedades y la exención del Impuesto de Sociedades por un periodo de diez ejercicios fiscales para empresas de nueva creación.

En 2009 el Tribunal de Primera Instancia dictó tres sentencias en las que declaró la ilegalidad de las ayudas fiscales, ratificando las decisiones de la Comisión Europea que calificó los beneficios fiscales como ayudas de Estado contrarias a la normativa comunitaria.

Las Diputaciones Forales vascas interpusieron recursos de casación contra las sentencias de 2009. Las vistas orales de estos recursos se celebraron el 10 de marzo y el 10 de mayo de este año en el Tribunal de Luxemburgo.

En el camino recorrido en los tribunales comunitarios, el Gobierno de La Rioja y la Comisión Europea han ido de la mano planteando idénticos argumentos. En las vistas orales celebradas este año el Reino de España intervino en apoyo de las Diputaciones.