5 de enero de 2012

La Consejería de Salud y Servicios Sociales ha cerrado el año 2011 situando a La Rioja como la comunidad líder en la aplicación de la Ley de Dependencia al haber valorado el 100% de las solicitudes. Según reflejan los datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a fecha 1 de enero de 2012, la Consejería había recibido la solicitud de valoración de la Dependencia de 14.027 personas y había emitido 14.027 dictámenes. Es la primera vez en España que una comunidad alcanza este porcentaje de tramitación desde la implantación de la Ley de Dependencia en enero de 2007.

Los datos del Ministerio también señalan a La Rioja como la segunda comunidad con un mayor ratio de solicitudes de valoración por habitante (4,34%), sólo por detrás de Andalucía (4,54%) y más de un punto por encima de la media nacional (3,19%).

A fecha del 1 de enero, 7.675 personas reciben en La Rioja un total de 11.273 prestaciones, lo que supone un ratio de 1,43 ayudas por persona beneficiada. De estas 11.273 ayudas, el 40,8% corresponden a la Prestación Económica por Cuidados Familiares (4.599); el 19,40% son de Ayuda a Domicilio (2.187); el 11,47% de Teleasistencia (1.293); el 11,45% de Atención Residencial (1.291); el 7,18% de Centros de Día o de noche (809); el 6% de Prevención de Dependencia y Promoción de la Atención Personal (650) y el 3,94% de Prestación Económica Vinculada al Servicio (444).

La Rioja es la segunda comunidad autónoma con mayor porcentaje de población beneficiada por los recursos de la Dependencia, un 2,38%, sólo precedida por Cantabria (2,55%) y casi un punto por encima de la media nacional (1,59%).

En cuanto a los recursos humanos destinados para el desarrollo y aplicación de la Dependencia, la estadística señala que La Rioja es la comunidad con mayor ratio, ya que destina 5,5 empleos por cada 1000 habitantes.

Por último, cabe destacar que La Rioja es la comunidad donde las personas que reciben alguna prestación de este tipo están más satisfechas y, junto a Navarra, es la que tiene el mayor porcentaje de ciudadanos satisfechos con la gestión de los recursos de la Ley.