18 de mayo de 2009

El Presidente de la Comunidad de La Rioja, Pedro Sanz, ha valorado "la receptividad" del Vicepresidente 3º y Ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, tras la reunión que han mantenido hoy en Logroño y ha insistido en reclamar un modelo de financiación consensuado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), "porque es imprescindible el conocimiento simultáneo por parte de todas las Comunidades Autónomas de la propuesta definitiva del Gobierno de España".

Pedro Sanz ha propuesto reforzar el papel del CPFF en el nuevo modelo y conceder mayor peso al voto territorial en el seno de dicho Consejo para "evitar que el Gobierno de España imponga a las Comunidades responsabilidades económicas no cuantificadas en el sistema de financiación, como ha ocurrido con la Ley de Dependencia, o que adopte unilateralmente medidas en materia tributaria que afecten a las arcas autonómicas, como la deducción de 400 euros en el IRPF por los rendimientos del trabajo".

En este sentido, el Presidente del Ejecutivo riojano considera que el nuevo sistema debe aportar recursos suficientes para superar la insuficiencia financiera que ha generado el crecimiento demográfico en las Comunidades Autónomas al requerir un aumento notable del gasto sanitario, social y educativo.

Asimismo, ha señalado que La Rioja, por su dimensión, es la Comunidad más perjudicada por la aplicación de las variables de reparto, dado que se tiene en cuenta el peso de la Comunidad sobre el total y no el peso relativo de cada una sobre el total, y ha considerado que la propuesta actual no garantiza la corrección de este problema.

Por ello, Pedro Sanz ha propuesto la distribución entre las Comunidades de una cantidad mínima garantizada "que deberá alcanzar al menos el 2% de los recursos del sistema y, además, deberá ser actualizado a un mínimo del 2% cada año".

Del mismo modo, el Presidente del Gobierno de La Rioja ha señalado que deben valorarse las ponderaciones de pequeña dimensión y, en el reparto de los recursos adicionales en función del incremento demográfico de los años de vigencia del actual modelo, debe asegurarse mayor financiación para las Comunidades que han experimentado un mayor incremento relativo de su población y, por supuesto, incorporar la financiación de los costes reales derivados de aplicar la Ley de Dependencia.

Por otra parte, y fuera del sistema de financiación, Pedro Sanz ha reclamado un fondo específico para compensar el efecto frontera que, en el caso de La Rioja, se cuantifica este año en 65,6 millones de euros, "un 35% de los cuales -23 millones de euros- revierten directamente a las arcas del Estado a través del Impuesto de Sociedades". En este sentido, Pedro Sanz ha recordado que el Estatuto de Autonomía de La Rioja, en el artículo 46, prevé mecanismos de corrección de dicho efecto pero "no se ha aplicado desde 2002, cuando se firmó un convenio con el Gobierno de España por una cuantía superior a 21 millones de euros". "La actualización de dicha cifra a 2009 supondría una cuantía de 25,3 millones de euros", ha añadido.

Por su parte, el Vicepresidente 3º y Ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, ha considerado "positiva" la reunión porque ha detectado "un razonable grado de coincidencia" entre las propuestas de La Rioja y las del Gobierno de la Nación. "Vamos a proponer un sistema multilateral, no incompatible con conversaciones bilaterales, y tendremos en cuenta la población y el incremento de la población, dos variables que benefician a La Rioja", ha asegurado. Manuel Chaves ha hecho hincapié en la relevancia del modelo, "tan importante o más" que la cantidad que se destine a cada Comunidad y ha asegurado que el Gobierno de España pretende garantizar la "igualad" de todos los españoles "en el acceso a los servicios públicos fundamentales".

Respecto a la compensación prevista en el artículo 46 del Estatuto riojano, el Vicepresidente ha agradecido que "se separe del sistema de financiación" y se ha comprometido a impulsar el contacto entre el Gobierno de España y el Ejecutivo riojano para "tratar de llegar a una solución que liquide este problema definitivamente porque el Estatuto de Autonomía de La Rioja nos obliga a todos". Además, a preguntas de los periodistas, ha manifestado que "el acuerdo se tiene que traducir en una cuantía económica determinada".

Del mismo modo, se ha comprometido a impulsar la transferencia de las competencias de Justicia a la Comunidad de La Rioja.