4 de septiembre de 2007

El XXII Consejo Internacional de la Asamblea Europea de Regiones Vitivinícolas (AREV) ha aprobado esta mañana una resolución que asume la postura defendida por el Gobierno de La Rioja en contra de la propuesta de reforma de la OCM del Vino que propone la Comisión Europea. Entre otros aspectos, la resolución propone que no se liberalicen los derechos de plantación y que la competencia sobre la gestión de los derechos de plantación sea transferida a los gobiernos de las regiones europeas.

El Consejo de la AREV, reunido en la ciudad rumana de Alba Iulia (Transilvania), ha acordado solicitar a la Comisión Europea que la reforma de la OCM que propone para la vendimia de 2008 afecte exclusivamente a los aspectos más urgentes sobre los que exista un consenso y que el debate de las modificaciones más polémicas se aplace a 2013, año en que la PAC será sometida a una nueva evaluación.

La resolución de la AREV recoge las principales propuestas de las organizaciones profesionales y del sector vitivinícola de La Rioja, que han sido transmitidas por el Presidente de la Comunidad de La Rioja, Pedro Sanz, para su incorporación al documento. Pedro Sanz, miembro de la AREV y presidente honorífico de la asamblea, ha defendido siempre un modelo de vitivinicultura basado en la calidad y en el equilibrio entre la producción y la comercialización y contra la liberalizacion de las plantaciones y el etiquetado que propone la Comisión Europea.

Uno de los aspectos más polémicos y que más preocupa al sector en La Rioja es el referente a los derechos de plantación. La AREV se opone categóricamente a la liberalización de los derechos de plantación, tanto para los vinos de calidad como para los vinos de mesa, ya que entiende que el sistema de derechos de plantación se ha revelado como un importante instrumento para la política de calidad y a la hora de gestionar el potencial de producción. Además, este organismo europeo solicita que la gestión de los derechos de plantación sea transferida a los ejecutivos regionales.

En esta línea, también se considera que los Estados miembros y las regiones vitivinícolas deben ser los entes que gestionen el arranque voluntario y que esta medida debe ser financiada con un máximo del 30% del presupuesto que reciben los Estados, al contrario que la reforma de la OCM propuesta por la Comisión Europea, que destinaría gran parte de los fondos a pagar las indemnizaciones por arranque.

En oposición a la propuesta de la Comisión, la resolución de la AREV apuesta por promover medidas positivas y que deberían ejecutarse a través de ayudas destinadas a impulsar la calidad de los vinos y la competitividad de las explotaciones, así como para difundir campañas de información acerca de los beneficios para la salud de un consumo moderado y regular del vino.

En cuanto a la clasificación de los vinos, la resolución de la AREV aboga por el mantenimiento del sistema actual basado en las denominaciones de origen y se opone a la propuesta de la Comisión de simplificar el sistema de clasificación en vinos de calidad y vinos de mesa. Además, considera imprescindible unas reglas de etiquetado específicas para el vino, que sean claras y sencillas para el consumidor