20 de enero de 2012

Declaraciones presidente Consejo Ministros UE

El presidente del Gobierno de La Rioja, Pedro Sanz, ha obtenido el compromiso del ministro de Agricultura, Alimentación, y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, para "defender con firmeza los derechos de plantación del viñedo" en la reunión del Consejo de Ministros de Agricultura europeo que se celebrará el próximo día 23 de enero.

El presidente del Ejecutivo riojano ha dejado patente ante el responsable del ramo en el Gobierno de España "la rotunda oposición" de La Rioja a la liberalización de los derechos de plantación que prevé la actual OCM del Vino a partir de 2015, ya que ocasionaría "un daño irreparable" en una actividad fundamental para el desarrollo económico de La Rioja. No en vano, el sector del vino representa alrededor del 15% del PIB en la Comunidad Autónoma.

La Rioja se ha manifestado en numerosas ocasiones en contra de esta propuesta que, en caso de ponerse en práctica, "ocasionaría un crecimiento indiscriminado de la superficie de cultivo en aquellos lugares en los que el viñedo es una actividad rentable y supondría la ruina para el campo riojano" y, por tanto, para la mayoría de los 18.000 agricultores que se integran en la DOCa Rioja.

Tanto el Gobierno regional como las organizaciones agrarias, y el propio Consejo Regulador, han coincidido en la importancia de mantener el actual régimen de derechos de plantación que limita el cultivo de la vid. "Este sistema se ha erigido en un instrumento válido y eficaz para controlar el potencial productivo y la calidad del vino, aspectos que han sido fundamentales para que La Rioja esté compitiendo en igualdad de oportunidades con otras regiones y países".

La supresión de estas restricciones, ha asegurado Pedro Sanz, supondría un sensible incremento de la superficie de cultivo y acarrearía una profunda devaluación de los productos de calidad, amparados y protegidos por una Denominación de Origen. La actual OCM del Vino propugna una "excesiva" industrialización de la viticultura europea, que quedaría en manos de unos pocos operadores, un planteamiento incompatible con la vocación socio-económica, medioambiental y turística de esta actividad.