18 de noviembre de 2010

El Presidente de la Comunidad de La Rioja, Pedro Sanz, ha inaugurado esta mañana un seminario organizado por el Gobierno regional sobre la Ley Orgánica 1/2010, de 19 de febrero, de modificación de las Leyes Orgánicas del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial, con la finalidad de "para hacer todavía más patente que su preocupación en torno al blindaje del Concierto Económico vasco y a sus graves consecuencias no ha decaído un ápice desde la interposición del recurso de inconstitucionalidad".

En su intervención, Pedro Sanz ha destacado que el objetivo de seminario, en el que participarán destacados expertos en Derecho Constitucional y Administrativo, es reflexionar en torno a la reforma introducida por la Ley Orgánica 1/2010, en un momento en el que, planteados ya los recursos ante el Tribunal Constitucional por los órganos ejecutivos y Parlamentos de Castilla y León y La Rioja (pendientes de señalamiento para deliberación y votación de la sentencia), "es posible hacerlo con sosiego y serenidad, en espera tan sólo de la respuesta de nuestro Alto Tribunal a tan controvertida cuestión".

Asimismo, ha recordado que el intento de blindar las normas forales fiscales ya se produjo en 2006, "pero en aquel momento imperó el más recto sentido jurídico e institucional y no próspero", y ha reiterado que el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de La Rioja contra la citada Ley 1/2010 "tiene muy en cuenta el criterio marcado por el Consejo Consultivo de La Rioja y por la Defensora del Pueblo Riojano, unánimes ambos al apreciar, en sus respectivos informes, graves vicios de inconstitucionalidad en la misma".

"La consagración del blindaje de las normas forales fiscales ha supuesto la infracción de preceptos esenciales de nuestra Constitución, la reinterpretación de la función del Tribunal Constitucional y la lesión de derechos fundamentales de los ciudadanos", ha señalado Pedro Sanz. Asimismo, ha reiterado que, con esta actuación, "los órganos centrales del Estado han dejado a un lado su papel de garantes del interés general de la Nación y han contribuido a consolidar la situación de discriminación interterritorial y de quiebra de los principios de igualdad y solidaridad, a la que ha abocado la política fiscal de los territorios".