13 de julio de 2010

El Presidente de la Comunidad de La Rioja, Pedro Sanz, ha expresado su satisfacción por la sentencia que valida claramente el perfecto funcionamiento del sistema democrático y judicial español, recordando que nuestra Constitución es la ley suprema de nuestro ordenamiento y convivencia.

Desde el reconocimiento y plena legitimidad del Tribunal Constitucional, Sanz afirma que la única actitud democrática posible es la de acatar y respetar una sentencia que delimita claramente los principios del orden territorial y constitucional español.

Sanz afirma que el Tribunal Constitucional ha resuelto un conflicto provocado por la ruptura del pacto Autonómico PP-PSOE, por parte del Partido Socialista.

Se trata en la primera ocasión en la historia democrática española en la que el Tribunal Constitucional tiene que pronunciarse sobre un Estatuto de Autonomía. Sanz considera un acierto para nuestro marco jurídico que el Alto Tribunal recuerde que todos los Estatutos sin excepción deben someterse a la norma superior que es la Constitución española.

Sanz ha recalcado que el Tribunal Constitucional no se ha limitado a cuestionar determinados artículos del Estatuto, sino que impone límites infranqueables a la norma estatutaria, presididos por la idea de que no hay más nación soberana que la española, única e indivisible, y deja claro que ha de garantizarse el funcionamiento integrado del Estado. Por tanto, desautoriza la lectura del Estatuto en clave exclusivamente nacionalista y desbarata las veleidades soberanistas catalanas.

El Presidente de la Comunidad de La Rioja ha insistido en que el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Grupo Popular ha sido el instrumento fundamental que ha servido al Alto Tribunal para fijar esa línea constitucional que algunos políticos, con el Presidente del Gobierno central, José Luis Rodríguez Zapatero a la cabeza, han preferido ignorar.

Sanz ha recordado que el Gobierno de La Rioja interpuso en octubre de 2006 un recurso de inconstitucionalidad contra el nuevo Estatuto catalán, todavía no resuelto, que impugnaba los artículos referidos a financiación, gestión del agua, principio de bilateralidad y denominaciones de origen intercomunitarias.

En materia de financiación, el Tribunal Constitucional entiende, tal y como sostenía La Rioja, que las que las decisiones en materia de financiación que afecten al conjunto de Comunidades han de adoptarse en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera y recuerda que la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas exige un nivel mínimo de recursos que haga posible el ejercicio de sus competencias en el marco del sistema financiero del Estado en su conjunto. Según el Tribunal, no es posible imponer al Estado un determinado nivel de inversión en infraestructuras en Cataluña.

El Tribunal estima que la determinación del esfuerzo fiscal que hayan de realizar las Comunidades Autónomas es cuestión que corresponde regular únicamente al Estado y señala que la cesión, mediante Ley, de diversos impuestos a Cataluña –IRPF, Hidrocarburos, Labores del Tabaco, etc- dependerá de la libre decisión de las Cortes Generales.

Bilateralidad, agua y denominaciones supracomunitarias

Respecto al principio de bilateralidad también recurrido por La Rioja, la sentencia del Constitucional descarta, ante todo, una relación de igual a igual entre Cataluña y el Estado, así como la posibilidad de que Cataluña pueda condicionar las competencias ajenas.

En cuanto a la gestión del agua, el fallo del Tribunal Constitucional establece que las competencias en materia de agua que reclama Cataluña deben ajustarse a los "términos establecidos en la legislación estatal", en conexión con "el legítimo ejercicio de sus títulos competenciales por parte del Estado", y siempre que se salvaguardan las competencias del Estado así como la perfecta libertad que en su ejercicio corresponde a los órganos e instituciones estatales.

Con ello se garantiza el interés general de la Nación que representa el Estado, y por consiguiente el de La Rioja como parte de éste, y se reduce el alcance de las competencias que se reservaba Cataluña. De este modo disminuye sensiblemente el peligro de que la Generalitat actúe por libre en el tema del agua sin que quepan decisiones unilaterales de Cataluña sobre esta materia.

El Tribunal Constitucional rechaza también las pretensiones catalanas de tener una intensa participación en la gestión de las denominaciones supracomunitarias, que, en el caso de La Rioja, afecta a la Denominación de Origen Cava. En su sentencia remite la potestad de gestión a los términos que determinen las leyes y argumenta que serán las normativas estatales las que establezcan el alcance de las potestades autonómicas de gestión que prevé el precepto estatutario. De esta forma se reconduce la competencia autonómica a la legislación estatal y se frena nuevamente el riesgo de una actuación por libre de Cataluña ya que no caben decisiones unilaterales de esta Comunidad Autónoma.