9 de marzo de 2011

El Presidente de la Comunidad de La Rioja, Pedro Sanz, ha informado hoy que el Ejecutivo riojano participará mañana, en el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, en la vista oral del recurso de casación interpuesto por las Diputaciones Forales Vascas contra una de las tres sentencias dictadas por este tribunal el 9 de septiembre de 2009. En esta vista, la Comunidad de La Rioja intervendrá como parte recurrida, junto a la Comisión Europea, mientras como parte recurrente figuran las Diputaciones Forales, a las que se ha unido como coadyuvante el Reino de España que apoyará las pretensiones vascas.

El Presidente del Ejecutivo riojano considera que intervención del Estado en apoyo de las Instituciones forales "supone una muestra más de la deslealtad del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero hacia La Rioja", tal y como lo fue la intervención del Estado a favor del País Vasco en la cuestión prejudicial celebrada en 2008 en Luxemburgo y el blindaje del concierto vasco dispuesto en la Ley Orgánica 1/2010.

"Además, en esta ocasión -ha destacado Pedro Sanz- el Gobierno central ha tenido la desfachatez de invitarnos a una reunión de coordinación para conseguir una mayor solidez de la defensa del Reino de España cuando saben perfectamente que defendemos intereses contrapuestos porque ellos se han aliado con las Diputaciones forales".

Pedro Sanz ha indicado que en la respuesta a esta carta el Gobierno de La Rioja ha aprovechado para pedir al Gobierno central que "ejerza su papel constitucional y no apoye unas medidas fiscales manifiestamente abusivas que han pretendido quebrar, en beneficio exclusivo del País Vasco, los principios de solidaridad y de igualdad interterritorial que son pieza básica de la organización del Estado".

La Comunidad Autónoma de La Rioja solicitará mañana la desestimación del recurso de casación y la ratificación de la sentencia dictada el 9 de septiembre de 2009 por el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas. Como en ocasiones anteriores, La Rioja apoyará íntegramente la argumentación de la Comisión Europea.

Lo que vuelve a enjuiciarse en este proceso es la determinación de si los mencionados beneficios fiscales son ajustados al Derecho comunitario, lo que se decida en el recurso afectará a la recuperación de las ayudas pero no es estrictamente el objeto de la vista. La devolución de las ayudas y las consecuencias de la inactividad del Reino de España se determinarán en otro procedimiento en el que no se permitió la intervención de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

En las citadas sentencias, el Tribunal de Primera Instancia (hoy Tribunal General) declaró la ilegalidad de los beneficios fiscales concedidos por los Territorios Históricos en la década de los 90, y posteriormente las Diputaciones Forales interpusieron recurso de casación. En concreto, en la vista que se celebrará mañana en el Tribunal de Luxemburgo se tratará el recurso relativo a la exención del Impuesto de Sociedades por un periodo de diez ejercicios fiscales para empresas de nueva creación; medida que fue declarada nula de pleno derecho por el Tribunal Supremo español en una sentencia del 24 de junio de 2008.

Antecedentes de la vista
Los días 15, 16 y 17 de enero de 2008 se celebraron en el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas las vistas orales de los diferentes procesos que enjuiciaron si los beneficios fiscales concedidos en el ámbito de los Territorios Históricos a partir de 1993 eran ajustados, o no, a la normativa comunitaria.

En concreto, los beneficios fiscales enjuiciados eran el crédito fiscal del 45% de las inversiones, la reducción de la base imponible del Impuesto de Sociedades y la exención del Impuesto de Sociedades por un periodo de diez ejercicios fiscales para empresas de nueva creación.

En 2009 el Tribunal de Primera Instancia dictó tres sentencias en las que declaró la ilegalidad de las ayudas fiscales, ratificando las decisiones de la Comisión Europea que calificó los beneficios fiscales como ayudas de Estado contrarias a la normativa comunitaria.

En el camino recorrido en los tribunales comunitarios, el Gobierno de La Rioja y la Comisión Europea han ido de la mano planteando idénticos argumentos.