9 de octubre de 2009

El Consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Íñigo Nagore, ha enviado una carta al Director General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea, Jean-Luc Demarty, en la que, en nombre del Gobierno de La Rioja, denuncia la aprobación de la indicación geográfica ‘Viñedos de España’ por el Gobierno de España y solicita a la Comisión "que adopte las medidas que considere pertinentes para salvaguardar no sólo los intereses de los vinos con denominación de origen, que llevan muchos años trabajando para lograr, como en el caso de Rioja, un producto cuya calidad está reconocida a nivel internacional, sino también los derechos de los consumidores que asisten desconcertados a los vaivenes de la política de calidad por la que apuesta el Gobierno de España en el sector del vino".

Íñigo Nagore recuerda en la carta, de fecha 8 de octubre, la importancia del vino para La Rioja, que supone el 20% de la facturación del sector industrial riojano y ha contribuido a que ésta sea "conocida en los cinco continentes". A continuación, señala que el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino del Gobierno de España ha aprobado la marca ‘Viñedos de España’, que, en opinión del Gobierno de La Rioja, es "contraria al derecho español y, por ello, hemos interpuesto un recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional, que ha sido admitido a trámite. Anteriormente, la Audiencia Nacional ya declaró nula de pleno derecho una orden prácticamente idéntica a ésta, que fue aprobada por el Ministerio en el verano de 2006, ante un recurso interpuesto por el Gobierno de La Rioja", indica.

El Consejero de Agricultura riojano critica que la nueva orden ha sido aprobada "sin el debido consenso con las comunidades autónomas" y destaca que constituye "un intento de evitar la nueva reglamentación comunitaria derivada de la OCM del Vino, que entró en vigor al día siguiente, el 1 de agosto, con el agravante de que ahora la normativa europea es más clara y diáfana en lo que se refiere a las indicaciones geográficas y en ese marco no cabe una indicación como la que plantea". Así las cosas, denuncia ante la Comisión que la marca supone "una flagrante trampa a la normativa comunitaria, que pretende reconocer como una IG algo que ni por asomo se parece a lo que define la reglamentación comunitaria como tal y que, probablemente, acarreará importantes perjuicios para las denominaciones de origen tradicionales españolas".