23 de febrero de 2010

El Gobierno de La Rioja ha acordado la interposición de un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la Ley Orgánica 1/2010, de 19 de febrero, que modifica las Leyes Orgánicas del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial y blinda las normas forales fiscales. Para ello, encomienda a la Dirección General de los Servicios Jurídicos la representación y defensa del Consejo de Gobierno en este recurso.

En concreto, el recurso de inconstitucionalidad se referirá a los preceptos de la Ley Orgánica 1/2010 que alteran el régimen procesal de las normas forales.

El Gobierno de La Rioja considera que la Ley Orgánica lesiona gravemente los intereses de la Comunidad Autónoma de La Rioja porque le priva de la posibilidad de impugnar las normas forales de carácter fiscal ante instancias judiciales españolas.

Además de desaparecer la posibilidad de recurrir estas normas ante los tribunales de lo contencioso, la nueva Ley Orgánica no prevé que las Comunidades y sus órganos colegiados ejecutivos y Asambleas puedan impugnar las normas forales ante el Tribunal Constitucional, dado que esta legitimación continúa limitada a las Leyes, disposiciones o actos con fuerza de Ley de Estado que puedan afectar a su propio ámbito de autonomía.

Del mismo modo, con la nueva regulación queda descartada la posibilidad de presentar recurso por parte de las organizaciones empresariales, sindicatos o cualquier persona física o jurídica cuyos intereses resulten afectados por las normas forales fiscales.

El Gobierno de La Rioja entiende que la Ley Orgánica 1/2010 reduce sensiblemente sus posibilidades de reacción frente a normas forales de carácter fiscal que puedan resultar contrarias a sus intereses y afecta a la competencia reconocida en el artículo 8.1.4 del Estatuto de Autonomía de La Rioja, "ordenación y planificación de la actividad económica, así como fomento del desarrollo económico de la Comunidad Autónoma, dentro de los objetivos marcados por la política económica nacional". El ejercicio de este artículo ha posibilitado hasta el momento la impugnación judicial de estas normas de carácter fiscal.

Para el Ejecutivo riojano, la Ley Orgánica es contraria a la Constitución puesto que impide al Tribunal Constitucional el control de las normas forales fiscales por la vía del recurso, ya que las Juntas Generales de los Territorios vascos no pueden dictar normas con rango de Ley. Por ello, el Ejecutivo riojano entiende que se vulneran los artículos 161.1.a) ("El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español y es competente para conocer del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de Ley") y 163 de la Constitución ("Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con rango de Ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional en los supuestos, en la forma y con los efectos que establezca la Ley, en ningún caso serán suspensivos").

Del mismo modo, el Gobierno regional considera que la nueva regulación lesiona el derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24.1 de la Constitución, en su modalidad de acceso al proceso, puesto que se impide la impugnación de las normas forales a quienes hasta ahora podían hacerlo y priva de tutela judicial efectiva a quienes la tenían reconocida.