27 de noviembre de 2007

La Consejería de Educación, Cultura y Deporte iniciará en las primeras semanas del próximo mes de enero los trámites para aprobar el Decreto que regula la convivencia en los centros docentes y establece los derechos y deberes de los diferentes miembros de la comunidad educativa. Este proceso comenzará tras el análisis de las aportaciones y sugerencias a este texto que reciba, hasta el 21 de diciembre, la Consejería por parte de los sectores implicados.

En primer lugar, el borrador del Decreto se enviará al Consejo Escolar. Posteriormente, está previsto que durante la segunda semana de febrero se envíe a los órganos que han de informar sobre cualquier aspecto del documento.

El contenido del borrador de este Decreto ha sido presentado hoy por el Consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luis Alegre. Este texto está a disposición de todos los interesados en la página web de la Consejería (www.educarioja.org).

El borrador del Decreto que regula la convivencia en los centros y que establece los derechos y deberes de todos los que forman la comunidad educativa es uno de los documentos más importantes que se ha desarrollado en la Consejería de Educación, desde que se asumieron las competencias plenas en materia educativa.

Con este Decreto, la Consejería de Educación pretende dar respuesta a las posibles situaciones que se dan en una sociedad cambiante y que tienen un reflejo inevitable en el ámbito escolar. El mundo educativo es cada vez más diverso y, por lo tanto, más complejo. De ahí, la necesidad de regular a través de un texto normativo como éste las 'reglas de juego' y, además, los derechos y deberes de profesores, alumnos o padres.

Aunque en La Rioja no se registra una situación preocupante en cuanto a la convivencia escolar, se ha considerado fundamental crear los mecanismos que regulen las posibles situaciones que se puedan plantear, así como los protocolos de actuación común para resolverlos.

Además, se refuerza el carácter educativo de los procesos tanto para prevenir como para sancionar determinados comportamientos. Esos procesos serán simples y ágiles.

Uno de los objetivos más claros de cuantos se pretenden conseguir con este Decreto es dignificar la figura del docente.

Estructura del Decreto

El contenido de este Decreto se ha estructurado en un extenso preámbulo (en el que se explican los diferentes aspectos legislativos y sociales del fenómeno de la convivencia escolar); 64 artículos (agrupados en siete títulos) y doce disposiciones (8 adicionales, dos transitorias y otras dos finales).

El primer título es para las disposiciones generales. Aquí se establece el objeto, el ámbito de aplicación y los principios genéricos de este Decreto. Así, se define que en este documento se regulan "las normas de convivencia que deben observarse en los centros docentes, así como la regulación de los derechos y obligaciones de los profesores, alumnos y padres, madres o personas que ejerzan la tutela del alumno".

El título II está dedicado a las normas de convivencia en los centros educativos. En este apartado se concretan las normas y los principios que deben inspirar la convivencia y se establece la obligación de los centros de adaptar sus documentos (Proyecto Educativo, Plan de Convivencia y Reglamento de Régimen Interior) a lo dispuesto en el nuevo Decreto. Estos tres documentos los elabora cada centro, dada su autonomía curricular, pedagógica y organizativa.

En el título III se tratan las responsabilidades, en materia de convivencia, que tienen los órganos de gobierno de los centros sobre el resto de miembros de la comunidad educativa. Así, este título tiene artículos específicos para el Director, el Consejo Escolar, la Comisión de Convivencia, el Claustro de Profesores, el Jefe de Estudios; los tutores y profesores, así como para otros órganos de coordinación.

Además, en este apartado se posibilita la creación, si los centros lo consideran oportuno, de los Consejos del Aula (para ordenar las actividades de la clase y la convivencia del grupo, con normas claras y sencillas).

Ya el título IV recoge los Derechos y Deberes de todos los miembros de la comunidad educativa.

Aunque los profesores y los padres tienen sus derechos y deberes recogidos en la legislación general, se ha considerado de interés incluir en este Decreto los relacionados con la convivencia escolar.

En el apartado de los profesores se recogen algunos derechos como el respeto a su persona y la labor que desarrolla; a que su actividad docente se desarrolle en condiciones de normalidad y en un clima de orden, disciplina y respeto de sus derechos (especialmente al de su integridad física y moral) o a que no se cuestione su competencia profesional ni su actividad docente y se respete sus indicaciones en materia académica y de disciplina. En total, se recogen nueve derechos.

En cuanto a los deberes del profesorado, once en total, hay algunos como el respeto a la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y morales, a la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa o a educar al alumnado para la convivencia democrática, incorporando en sus programaciones contenidos relacionados con la convivencia escolar.

El capítulo dedicado a los alumnos desarrolla ampliamente cinco derechos y seis deberes. Así, los derechos recogidos son: "a recibir una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad", "al respeto de su identidad, integridad y dignidad", "a que su dedicación y esfuerzo sean valorados y reconocidos con objetividad" y "a participar en el funcionamiento y en la vida del centro". Además, se incluye un apartado de "garantías" para esos derechos.

Por su parte, las obligaciones se recogen en seis artículos: "deber de estudio y esfuerzo"; de respeto "al profesorado", "hacia todos los demás alumnos", "a todos los miembros de la comunidad educativa" y "a las normas de convivencia del centro"; así como el "deber de comunicación con las familias".

También las familias, como primeros y principales responsables de la educación de sus hijos, tienen un capítulo dedicado a sus derechos y deberes. En total, se mencionan 15 derechos y 14 obligaciones.

En este titulo de derechos y obligaciones para garantizar la convivencia escolar, se alude, además, al resto de miembros de la comunidad educativa y a cualquier persona que entre en un centro o participe de sus actividades, que también tienen que compartir esos derechos y deberes.

Por otro lado, en el título V del Decreto se regulan los criterios de aplicación de las normas de convivencia. De esta manera, se contemplan circunstancias atenuantes y agravantes que se tendrán en cuenta para calificar las posibles conductas y la responsabilidad que llevarían consigo.

En este apartado se exponen los criterios que se tienen en cuenta en las medidas correctoras y sancionadoras de los incumplimientos de las normas. Así, la premisa básica que se tiene en cuenta es que las citadas medidas tendrán carácter educativo y garantizará el respeto de los derechos de los demás alumnos y procurará la mejora de las relaciones de todos los miembros de la comunidad educativa.

Además, en este título se establece que los alumnos, o sus familias como responsables civiles, se harán cargo del coste económico de los daños que se produzcan intencionadamente o por negligencia. También hay un apartado para las faltas de asistencia y el absentismo escolar.

En cuanto al título VI, se tipifican las conductas que afectan a las normas de convivencia del centro en "contrarias a las normas de convivencia" y "gravemente perjudiciales para la convivencia".

Para cada una se detallan las medidas educativas de corrección y sanciones, así como la competencia de cada órgano para aplicarlas.

El último título del Decreto es el VII, dedicado a los procedimientos que se llevarán a cabo para la imposición de sanciones o medidas correctoras.

En este sentido, habrá dos tipos de procedimientos: el ordinario y el específico.

El primero será aplicable para las conductas denominadas "contrarias a la convivencia del centro"; tendrá un plazo inferior a cinco días y la sanción la podrá adoptar desde el Director hasta un profesor (dependiendo del tipo de falta y /o sanción).

El segundo procedimiento, el específico, sólo se llevará a cabo cuando la conducta pueda ser corregida con la suspensión de la asistencia a clase por un periodo máximo de 20 días lectivos; el cambio de centro; la pérdida del derecho a evolución continua o la expulsión. Se deberá abrir un expediente, que deberá resolverse en un plazo máximo de 18 días lectivos.

Para completar los aspectos que contiene este Decreto sobre los procedimientos, incluye unas disposiciones generales, en las que se regulan la suspensión de sanciones; las citaciones y notificaciones, así como los posibles recursos y reclamaciones o los plazos de prescripción.

Por su parte, las disposiciones adicionales establecen aspectos como: la posibilidad de crear premios y reconocimientos en materia de convivencia; el deber de información de los centros; la aplicación del Decreto en las secciones de Enseñanza Secundaria y en los centros con Residencia, así como en los centros privados y privados concertados.

Se establece una disposición específica para desarrollar lo establecido en la LOE sobre las decisiones colectivas de los alumnos, a partir del tercer curso de ESO, sobre la asistencia a clase.

Para culminar el texto de este Decreto, en las disposiciones transitorias se establece el período de adaptación y el régimen de los expedientes en tramitación.