23 de febrero de 2011

La entrada en vigor del decreto 8/2011 de 18 de febrero que regula el Servicio de Ayuda a Domicilio en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja, aprobado en la última reunión de Gobierno celebrada el pasado viernes, entrará en vigor a partir de mañana ya que hoy aparece publicado en el Boletín Oficial de La Rioja.

Este trámite incluye la adecuación de la normativa reguladora de las entidades locales de La Rioja al Servicio de Ayuda a Domicilio en el plazo de un año. Esta norma se convierte en el régimen básico para la aplicación del servicio por parte de las entidades locales riojanas para que, pese a que la gestión del servicio es competencia municipal, todos los riojanos tengan igualdad de oportunidades sea cual sea su lugar de residencia.

La ayuda a domicilio es un servicio constituido, por un lado, por las actuaciones que se desarrollan en el domicilio de personas en situación de dependencia para atender las necesidades de su vida diaria y así posibilitar su permanencia en el mismo y, por otro lado, por las acciones dirigidas a la prevención y atención de las situaciones de riesgo de exclusión social de personas y familias con dificultades sociales, así como para la protección del menor.

El servicio de ayuda a domicilio está incluido en el primer nivel de atención del Sistema Público de Servicios Sociales, como establece el catálogo de la Ley 7/2009 de Servicios Sociales, que lo configura como servicio de apoyo a la unidad de convivencia. Los objetivos de la ayuda a domicilio son:
-Fomentar la autonomía personal.
-Prestar atención a las situaciones de dependencia.
-Prevenir situaciones de exclusión social.
-Favorecer el desarrollo de hábitos de vida adecuados.
-Apoyar a las unidades de convivencia en la vida diaria.
-Servir como medida de apoyo a familias y cuidadores.
-Respetar la permanencia de los usuarios en su medio habitual.

El Servicio de Ayuda a Domicilio presenta tres modalidades:
-Para personas en situación de dependencia, en su domicilio, para atender las necesidades de su vida diaria.
-Para personas y familias en situación o riesgo de exclusión social, con el fin de facilitar la normal integración social de la familia.
-Para menores en situación de riesgo, para mantener el hogar familiar como soporte básico y facilitar la integración social del menor y su familia.

El Decreto se estructura en cinco capítulos cuyo objetivo es establecer los elementos esenciales que componen la ayuda a domicilio, destinatarios, procedimiento y permanencia en el servicio, prestación del servicio, organización, recursos humanos y financiación, control de calidad y sistema de información.

Requisitos y acceso al servicio de ayuda a domicilio
Con carácter general, para acceder al servicio, el trabajador social deberá emitir un informe sobre el diagnóstico social del interesado que garantice que este servicio es un recurso técnicamente adecuado para cada caso y el beneficiario deberá acreditar la residencia efectiva y continuada en el municipio en el que solicita el servicio, además de cumplir cualquier requisito adicional que establezca la entidad local titular del servicio.

Con carácter específico, en el caso de personas dependientes, deberán tener reconocida la situación de dependencia y un programa individual de atención que especifique este servicio; en el caso de personas o familias en situación o riesgo de exclusión social, se precisa un proyecto individualizado de inserción dirigido a la recuperación y habilitación personal y familiar; y en el caso de menores en situación de riesgo, deberán tener un proyecto de intervención individualizado para conseguir el objetivo de protección del menor.

El procedimiento para acceder al servicio se inicia a solicitud del interesado. Después el trabajador social realiza una visita domiciliaria para acreditar el requisito y efectuar la valoración y diagnóstico. El proceso finaliza con una resolución motivada de la entidad local, concediendo o denegando la solicitud. Para asegurar el cumplimiento del servicio, el trabajador social realizará un seguimiento y comprobará la implicación directa y permanente del usuario. Una vez iniciada la prestación, el trabajador social visitará el domicilio con una periodicidad semestral y cuando la situación lo requiera.

Prestaciones del servicio
El Decreto establece unas actuaciones básicas y unos servicios complementarios. Entre las actuaciones básicas figuran las de carácter personal, dirigidas a promover la autonomía personal, a fomentar hábitos adecuados y adquirir habilidades básicas; las tareas de carácter doméstico, dirigidas al cuidado del domicilio y sus enseres; actividades de carácter psicológico y socio educativo, que sirven de apoyo a las relaciones en el seno de la familia y para la convivencia en la comunidad donde reside el usuario; y de relación con el entorno, para facilitar la participación social. En los servicios complementarios, destacan comidas a domicilio, lavandería, terapia ocupacional, apoyo psicológico y fisioterapia.

Titularidad del servicio, recursos humanos y financiación
La titularidad del Servicio de Ayuda a Domicilio corresponde a las Entidades Locales de La Rioja, que son competentes para regular el funcionamiento del servicio, las condiciones económicas, la coordinación, el seguimiento, la supervisión y la evaluación general del servicio. Las Entidades Locales podrán prestar el servicio en régimen de gestión directa o indirecta.

El servicio se prestará por trabajadores sociales, que se encargarán de efectuar la valoración del interesado, de elaborar un programa o proyecto individual para cada caso, de intervenir en tareas de apoyo socioeducativo y relaciones intrafamiliares y de proporcionar información al usuario. Además, realizarán las funciones de seguimiento y velarán por el cumplimiento de las condiciones del servicio, además de gestionar las quejas de los usuarios y coordinar la prestación del servicio con el resto de servicios y recursos sociales.

La intensidad del servicio se expresará en horas de atención mensual en función del grado de dependencia, cuando se trate de personas dependientes, y según el proyecto individualizado de cada caso, en las otras modalidades.

Las entidades locales consignarán cada año el crédito presupuestario suficiente para la prestación del servicio y aprobarán los precios públicos que deberán abonar los beneficiarios. La aportación de los usuarios dependerá de la capacidad económica, composición familiar, intensidad del servicio o cualquier otro factor que determine la entidad titular.

Con objeto de garantizar el equilibrio territorial, el Gobierno de La Rioja colabora en la financiación a través de convenios anuales, atendiendo de forma prioritaria a los municipios menores de 20.000 habitantes, ya que tienen menor capacidad económica y de gestión. En el caso de los municipios mayores se priorizarán las actuaciones que supongan un avance efectivo en la aplicación de la Ley de Servicios Sociales de La Rioja.