15 de febrero de 2007

El Consejo Riojano de Consumo, reunido esta mañana, ha informado favorablemente el anteproyecto de Ley de Protección de los Consumidores de La Rioja, con lo que este texto proseguirá a partir de ahora su tramitación administrativa hasta su aprobación por el Consejo de Gobierno y el Parlamento de La Rioja.

El Consejo Riojano de Comercio está integrado por 4 representantes de las asociaciones de consumidores; la Federación de Empresarios de La Rioja; la Cámara de Comercio; los sindicatos; las Consejerías de Agricultura y Desarrollo Económico; Vivienda, Obras Públicas y Transporte; Salud; y la Federación Riojana de Municipios. En su reunión de hoy ha emitido un informe favorable y por unanimidad de todos sus miembros al texto, cuyo objetivo principal es garantizar la protección y promoción de los derechos y los legítimos intereses de los consumidores y usuarios de La Rioja.

La futura Ley está estructurada en 5 capítulos, 69 artículos, una disposición derogatoria, una disposición adicional y dos disposiciones finales. El Capítulo I está dedicado a las disposiciones generales; el Capítulo II contempla el detalle pormenorizado de los derechos de los consumidores; el Capítulo III legisla sobre el control e inspección de los productos y servicios; el Capítulo IV establece el procedimiento a seguir en el supuesto de que la autoridad competente haya de tomar alguna medida cuando esté en riesgo la seguridad de los consumidores o se atente contra sus intereses económicos; y el capítulo V detalla el régimen sancionador, junto a las infracciones y sanciones.

El texto establece una serie de principios generales de actuación que desarrollarán las Administraciones Públicas, tanto Autonómica como Local, incluyendo aspectos como las condiciones higiénico-sanitarias de productos y establecimientos; productos tóxicos; habitabilidad de viviendas; prevención de incendios; seguridad de los transportes y establecimientos públicos; accesibilidad de edificios; distribución de carburantes; etc.

Una de las novedades de la Ley es la definición de consumidor como 'la persona física que actúa como destinatario final en un uso estrictamente personal, familiar o colectivo', ajeno, en consecuencia, a cualquier actividad empresarial. El anteproyecto de Ley detalla los derechos básicos de los consumidores y usuarios que, de forma general, se pueden clasificar en derechos sustantivos e instrumentales. Los primeros se concretan en la protección de la salud y seguridad, la protección de los legítimos intereses económicos y sociales y el derecho a una eficaz protección jurídica, administrativa y técnica y a una adecuada reparación de daños.

Los de carácter instrumental son el derecho a la información y a la educación y formación como consumidores y usuarios y el derecho de representación a través de las asociaciones de consumidores, las cuales deben ser consultadas en las materias que les afecten. Se incluye una especial protección de los derechos en el caso de colectivos que se encuentren en situaciones de indefensión, inferioridad o subordinación.

En el último capítulo se detalla una amplia lista de infracciones, clasificadas en ocho apartados diferentes y con sanciones que pueden oscilar entre 200 y 3.000 euros para las leves, entre los 3.001 y 30.000 euros para las graves, y entre 30.001 y 600.000 euros para las tipificadas como muy graves. Asimismo, se establece una serie de circunstancias agravantes y atenuantes. Entre las primeras cabe señalar la reincidencia o reiteración, el haber originado globalmente a los consumidores un daño o perjuicio estimado en cuantía superior a 50.000 euros, la posición relevante en el mercado del infractor, el volumen de venta o de prestación de servicios afectados y el incumplimiento de las advertencias o requerimientos previos realizados por la Administración para la subsanación de las irregularidades detectadas.

Como circunstancias atenuantes se señalan haber corregido diligentemente las irregularidades que en consista la infracción, colaborando activamente para evitar o disminuir sus efectos u observando espontáneamente cualquier otro comportamiento de significado análogo; y el que los perjudicados hayan sido compensados satisfactoriamente de los perjuicios causados, y siempre que no concurra intoxicación, lesión o muerte, ni existencia de indicios racionales de delito.