11 de enero de 2007

La avalancha de inmigrantes que ha provocado el efecto llamada causado por la política que en esta materia desarrolla el Gobierno Central pone en riesgo el modelo de sociedad y el bienestar social de nuestro país. No se han tenido en cuenta aspectos fundamentales que perjudican gravemente la sostenibilidad y el desarrollo de las Comunidades Autónomas. En el caso de La Rioja es especialmente preocupante el esfuerzo que supone para los riojanos el tener que sufragar servicios básicos para los inmigrantes, tanto legales como ilegales.

En el ejercicio 2005, para el Estado, la inmigración supuso unos ingresos de 23.402 millones de euros y un gasto de 18.618 millones de euros, por lo que estamos hablando de un superávit de 4.784 millones. Frente a esto, las cifras de La Rioja son: ingresos de 65 millones de euros y un gasto de 151 millones de euros. Es decir, un déficit de 86 millones de euros. Si a ello se suma el impacto en inversiones, se alcanzan los 112,68 millones de euros de déficit.

Para comprender esta descompensación, es preciso recordar que la Hacienda Estatal se queda con el 65% de los ingresos, especialmente por cotizaciones a la Seguridad Social de los inmigrantes.

En La Rioja existen 38.753 tarjetas sanitarias de extranjeros. Si añadimos que a comienzos de 2006 había un mínimo de 10.575 personas en situación irregular, el porcentaje de inmigrantes supone un 14% de la población total riojana. Por esas mismas fechas, la población inmigrante empadronada en el conjunto de España suponía un 8,75%. Estos datos indican que La Rioja presenta una proporción de población inmigrante bastante por encima de la media nacional. La Rioja ocupa el séptimo lugar como Comunidad receptora de inmigrantes.

Este crecimiento desmesurado de la inmigración (tanto legal como ilegal) tiene unas repercusiones extraordinarias para las Comunidades Autónomas, que tienen que realizar grandes esfuerzos económicos, sin compensaciones por parte del Estado, en tres campos prioritarios: en el sanitario, en el educativo y en el de servicios sociales. Por lo que respecta al primero, hay que recordar que existen en nuestra Comunidad un total de 38.753 tarjetas sanitarias de extranjeros (a fecha de 2 de enero de 2007), más todos aquellos a los que se está atendiendo sin tarjeta. En materia educativa, la política del Gobierno de La Rioja se dirige a diseñar programas de acogida educativa, a prevenir al absentismo escolar, a poner en marcha proyectos que propicien la convivencia intercultural y, finalmente, a reforzar la escolaridad de los alumnos inmigrantes en etapas escolares no obligatorias, favoreciendo la interculturalidad a profesionales educativos con programas de formación y conocimiento de la lengua española.

En atención a esta realidad, sería de esperar que el Gobierno Central habilitara partidas económicas específicas para las Comunidades Autónomas en consonancia con el esfuerzo que éstas están realizando para cubrir las necesidades básicas de los inmigrantes, con unos gastos que no estaban previstos. La cuantificación de estas partidas debería ser debatida en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera y quedaría fijada y garantizada en el sistema de financiación de cada Comunidad Autónoma, independientemente de las ayudas que el Estado conceda a través del Fondo para la Integración de los Inmigrantes.

Dicho esto, es preciso criticar la política de 'papeles para todos' alentada desde el Gobierno Central. La Rioja, una tierra solidaria por definición, está viendo superada su capacidad de acogida. La masificación a la que asistimos pone en peligro la prestación de unos servicios de calidad, así como nuestra capacidad económica. Ello puede redundar en una merma del bienestar social y en el surgimiento de problemas de convivencia.

En tal sentido, desde La Rioja demandamos un giro en la política migratoria del Gobierno Central a fin de que los riojanos podamos garantizar nuestra sostenibilidad, nuestro desarrollo y el bienestar de todas las personas que viven y trabajan en esta Comunidad Autónoma. Solicitamos una política de inmigración ordenada, que ponga límite a las regularizaciones masivas y que tenga en cuenta el coste adicional que las regularizaciones han supuesto para las Comunidades Autónomas.

Respecto a la atención a menores inmigrantes no acompañados (MENA), en octubre de 2006 se entregó al Gobierno de La Rioja dos documentos: un 'Informe sobre intervención con menores extranjeros no acompañados que están llegando a la Comunidad Autónoma de Canarias' y un 'Programa especial para el traslado y atención de MENAS desplazados desde Canarias'.

La postura de La Rioja ha sido en todo momento de disposición para la colaboración, condicionada al estudio de estos dos documentos y dejando claro que, por nuestra dimensión, esta cooperación sería testimonial.

Estudiados los dos textos, la conclusión por parte de los Servicios Jurídicos de nuestra Comunidad es la siguiente:

-El programa especial para el traslado y atención de MENAS desplazados desde Canarias presenta dificultades jurídicas importantes para articular la colaboración que se define en el programa de actuaciones.

-Forma de articular la colaboración en el caso de que la misma se limitaría a la asunción de guarda (la tutela seguiría siendo de Canarias):

1. Convenio con Canarias de colaboración o cooperación.

2. Autorización del Parlamento de la Rioja, sin perjuicio de las atribuciones que en cada caso correspondan a las Cortes Generales

3. Aprobado el convenio, debe comunicarse a las Cortes Generales

Por lo tanto el planteamiento del Estado de realizar un convenio a tres bandas (Canarias, Estado y Comunidades Autónomas de destino) es imposible, porque el Estado no tiene competencias en materia de protección de menores.

Hay que añadir, además, que el Gobierno Central no ha querido firmar con La Rioja el protocolo de Inmigración por el que nuestra Comunidad recibiría 2 millones de euros. El Gobierno Central establece ahora la obligatoriedad de acoger inmigrantes ilegales de Canarias, algo que sólo se puede calificar de chantaje. Esta negativa de entregar lo que corresponde en derecho a los riojanos ha sido recurrida por el Gobierno regional ante la Audiencia Nacional.

PETICIONES CONCRETAS:

1- Que el Gobierno Central dé un giro en su política migratoria de 'papeles para todos', dando lugar a otra más ordenada, que ponga límite a las regularizaciones masivas.

2- Repatriación de los inmigrantes ilegales a sus países de origen, como medio más eficaz para acabar con la inmigración ilegal y con las mafias organizadas. Solicitamos una expulsión y repatriación efectivas.

3- Compensación a las Comunidades Autónomas por el esfuerzo que están realizando para dispensar los servicios básicos a los inmigrantes, especialmente en el campo de la salud, de la educación y de los servicios sociales.

4-Exigir al Gobierno Central que cumpla con los acuerdos adoptados en el Senado y en el Parlamento de La Rioja para dotar de más recursos económicos a las Comunidades Autónomas y a los Ayuntamientos para asegurar una verdadera integración de los inmigrantes.

5-Exigir a la Delegación del Gobierno que cumpla con la Ley de Extranjería y expulse a los inmigrantes que se encuentren en La Rioja en situación irregular.