14 de marzo de 2016

Tribunal de cuentas 2El consejero de Administración Pública y Hacienda, Alfonso Domínguez, acompañado por la secretaria general Técnica, Ángela Carnicero, ha analizado esta mañana en rueda de prensa el Informe Anual de Fiscalización de la Comunidad Autónoma correspondiente al ejercicio 2013, elaborado por el Tribunal de Cuentas, que destaca "la buena gestión del Gobierno de La Rioja en materia económica y financiera". Asimismo, el informe aprecia "destacados avances en el cumplimiento de las recomendaciones formuladas en ejercicios anteriores".

En concreto, los avances reconocidos en el informe "son especialmente significativos en lo relacionado con la gestión presupuestaria y la reordenación del sector público·, según ha explicado Domínguez. Entre otros, ha citado los siguientes: la implantación del control financiero de las consejerías; el desarrollo normativo de la Ley de Patrimonio de la Comunidad; la elaboración de criterios para la formación y valoración de su inventario; y la regulación del procedimiento de presupuestación de las empresas y fundaciones autonómicas.

El Informe también destaca el compromiso del Gobierno de La Rioja con la consolidación fiscal, ya que el documento valora positivamente el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria en el año 2013 por parte de la Comunidad Autónoma de La Rioja (con un -1,02% PIB, por debajo del límite autorizado que estaba cifrado en un -1,06%), en un ejercicio en el que hubo déficits individualizados para las CCAA, siendo el de La Rioja uno de los más exigentes. A ello se sumó el cumplimiento también del objetivo de deuda pública equivalente a un 14,4% del PIB regional. Consecuentemente, el Tribunal especifica que La Rioja no se vio obligada a elaborar un Plan Económica-Financiero.

El titular de la cartera de Administración Pública y Hacienda ha recordado que la emisión de este informe es una actuación de carácter ordinaria y permanente en el tiempo, y ha defendido "la independencia y transparencia" que aporta el Tribunal de Cuentas. Cabe señalar que existen 13 comunidades autónomas que disponen de su propio órgano fiscalizador, mientras que La Rioja, Murcia, Cantabria y Extremadura continúan delegando esta labor al Tribunal de Cuentas.

Para el Gobierno de La Rioja, la función fiscalizadora del Tribunal de Cuentas "refuerza la transparencia y la propia rendición de cuentas, ya que sus informes son públicos" y "contribuye a mejorar la gestión aportando una evaluación crítica de la gestión pública".

Por este motivo, ha señalado, que de la misma forma que se tendrán en cuenta algunas de las recomendaciones que se apuntan en el informe, también existen otras con las que el Gobierno de La Rioja no comparte la opinión de los auditores del Tribunal de Cuentas por lo que las alegaciones que el Ejecutivo ha presentado también supone una parte esencial del Informe.

Recomendaciones

En esta ocasión, el Tribunal de Cuentas realiza una serie de recomendaciones a la Comunidad Autónoma de La Rioja, varias de las cuales ya han sido asumidas desde 2013 porque "contribuyen a la mejora de la gestión, objetivo permanente por el que trabaja el Gobierno de La Rioja", tal y como ha explicado Domínguez.

Prueba de ello, es la Ley de Hacienda Pública, la Orden que establece los criterios uniformes para la formación, actualización y valoración del Inventario General de Bienes y Derechos de la CAR y de su sector público y el Decreto de Registro de contratos que ya están en vigor desde 2014 pero que no han sido valoradas por el Tribunal hasta que no se fiscalice el ejercicio 2014.

A ello, se suman las cuestiones relacionadas con la publicación por parte de la Consejería de Salud de los datos de espera de las distintas especialidades, algo que se recoge en el borrador del decreto que se aprobará en los próximos meses con la implementación de un ‘visor de listas de espera’ para que los pacientes conozcan de forma individual la fecha estimada de sus citas.

Otra de las recomendaciones que ya han sido adoptadas es relativa a la tramitación de las subvenciones de carácter directo, dado que en octubre de 2014 el Gobierno de La Rioja aprobó la Orden que recoge las líneas de subvenciones de concesión directa en el sector público de La Rioja, con lo que el Ejecutivo riojano "ha reforzado su compromiso con la transparencia, por mejorar el control interno de las subvenciones, así como por conseguir una mayor eficiencia en la asignación y utilización de recursos". Para la elaboración de la citada Orden, cada una de las consejerías hizo una revisión en profundidad de las líneas existentes. En total, el texto contempla 65 líneas de ayudas de subvenciones de concesión directa.

La recomendación sobre ejecución de las medidas en materia de igualdad efectiva entre hombres y mujeres también ha sido atendida con el I Plan de Igualdad de la Administración Pública, en cuya elaboración trabajan varios departamentos del Ejecutivo riojano, y con la incorporación de un informe de Impacto de Género en los Presupuestos de la CAR 2016.

Por último, el consejero de Hacienda también se ha detenido en las recomendaciones que el Informe hace en materia de contratación. Sin embargo, respecto a estas apreciaciones, Alfonso Domínguez ha señalado que el Ejecutivo no comparte los criterios que establece el Tribunal en cuanto a la generalidad con la que se formulan los criterios de adjudicación ya que, para el consejero "prevalece la calidad del servicio a prestar, y por tanto en el caso de La Rioja se valoran las mejoras que repercuten en un mejor funcionamiento del servicio". Por este motivo, ha añadido, facilitamos que los licitadores en su oferta puedan explicar cómo repercuten las mejoras en el funcionamiento, del servicio, por lo que se considera que estos criterios son objetivos y transparentes.