3 de junio de 2016

La Consejería de Desarrollo Económico e Innovación suscribirá un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada para la recuperación y rehabilitación del Edificio del Corregimiento.

En virtud de este acuerdo, aprobado hoy por el Consejo de Gobierno, la Consejería aportará al Consistorio calceatense 120.256 euros, divididos en dos anualidades de idéntica cuantía: 60.128,50 euros en 2016 y otros 60.128,50 euros en 2017. El edificio, ubicado en el número 6 de la plaza de España y anexo a la Casa Consistorial, dará cabida a la Escuela Municipal de Música tras las obras de rehabilitación.

Hay que recordar que el pasado mes de diciembre el Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada recibió la resolución definitiva del Ministerio de Fomento sobre la ayuda de 1.147.023 euros (el 75% del coste total) para la rehabilitación del edificio del Corregimiento, con cargo al 1,5% Cultural.

El importe global de los trabajos ascenderá a 1.516.031,58 euros y el Gobierno de La Rioja considera "de especial importancia la cooperación en la financiación de los trabajos de restauración, al objeto de colaborar en la conservación de un elemento de singular importancia, subsanando el deficiente estado en el que se encuentra".

Según explica el historiador calceatense Javier Díez Morrás, "se trata de uno de los escasos edificios españoles, quizás el único, que durante toda su historia y de manera ininterrumpida, desempeñó una función jurisdiccional. Es decir, desde que se construyó en 1763 y hasta 1999 estuvo destinado a juzgado y cárcel".

Por otra parte, desde el punto de vista arquitectónico, "se trata de un excepcional ejemplo de juzgado y cárcel del siglo XVIII, ya que fue diseñado de manera expresa a tal fin, y aunque en sus más de 250 años de historia fue redistribuido, sus elementos esenciales se han mantenido prácticamente intactos. De entre ellos hay que destacar las celdas situadas en su planta baja", relata el historiador.

La clausura definitiva del juzgado de primera instancia de la ciudad se produjo en 1966, pasando el edificio a ser sede del juzgado comarcal, con menores competencias. Años después, en 1977 pasó a la categoría de juzgado de distrito.

Con la aprobación de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 y la Ley de Demarcación y Planta Judicial de 1988 se transformaba de nuevo todo el panorama jurisdiccional español, eliminándose los juzgados de distrito. El juzgado pasó a ser un mero juzgado de paz. Esta fue la última función que desempeñó el edificio hasta 1999, año en el que fue trasladado a unas nuevas dependencias en el ayuntamiento. Desde entonces el edificio es utilizado como almacén municipal, con arreglos parciales para evitar su ruina definitiva.