8 de julio de 2016

El Gobierno de La Rioja ha aprobado hoy, en su reunión de Consejo de Gobierno, el proyecto de Ley por el que se regula la renta de ciudadanía de La Rioja y que busca mejorar la situación económica, social y laboral de las personas y familias más vulnerables de nuestra sociedad.

La Ley consta de veintiocho artículos que se estructuran en siete títulos, una disposición transitoria, dos adicionales, una derogatoria y dos finales. El procedimiento de elaboración de la Ley ha contado con un amplio consenso ya que en su redacción se ha contado con las aportaciones de los técnicos, de la Red de Protección Social, de los empresarios y de los sindicatos.

La Ley configura la renta como un derecho que permita garantizar un mínimo vital, y siempre de carácter subsidiario a otras ayudas. De esta forma la renta es la última red de ayuda pública para las personas en situación o riesgo de exclusión.

En este sentido, todos coinciden en que la renta no debe desincentivar la formación ni la búsqueda de empleo. La incorporación laboral es la mejor forma de inserción social de las personas en situación o riesgo de exclusión y es el objetivo prioritario del Gobierno riojano y debe compatibilizarse con la protección social de aquellas personas que no pueden acceder al mercado de trabajo.

Se trata, por tanto, de un modelo de renta de ciudadanía que cubre las necesidades básicas de las personas y que apuesta por la búsqueda activa de empleo o la formación. La percepción de esta renta será compatible con determinados empleos a tiempo parcial y, además, estará vinculada al establecimiento de itinerarios formativos y laborales para sus perceptores.

Entre las novedades más importantes que presenta esta Ley es la ampliación del tramo de edad de los posibles beneficiarios. Hasta la fecha, para ser destinarios de las ayudas del IMI y AIS se exigía, con carácter general, ser mayor de 25 años y menor de 65, ahora la edad se rebaja a los 23 años.

La Ley reduce el tiempo exigido de residencia en La Rioja para la percepción de la renta que pasa de 3 años a un año. Además, parte de un concepto muy avanzado de unidad familiar o de convivencia, por lo que permite que una familia amplia que comparta vivienda pueda percibir más de una renta.

Asimismo, la Ley elimina los periodos de espera para la concesión de la renta una vez agotadas las prestaciones y subsidios de desempleo y el mantenimiento de la ayuda mientras persistan los requisitos y condiciones exigidos. Será compatible con otras prestaciones públicas (orfandad, viudedad, subsidio de desempleo siempre que sea menor que la renta).

La Ley introduce flexibilidad de los requisitos de acceso para los emigrantes riojanos retornados, las mujeres embarazadas en situación de riesgo social, así como para las personas refugiadas o beneficiarias de protección internacional. Además, facilita el acceso a la renta en supuesto de fallecimiento, divorcio, separación, malos tratos, y desahucio.

La Ley prevé la creación de una Comisión de Seguimiento de la renta de ciudadanía, que llevará a cabo el seguimiento, la evaluación de sus resultados y la propuesta de actuaciones de mejora de la misma.