La política rural española se venía apoyando fundamentalmente en las políticas europeas de desarrollo rural, agricultura e infraestructuras. La promulgación de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural, establece las bases de una política rural propia, como política de Estado, plenamente adaptada a las condiciones económicas, sociales y medioambientales particulares del medio rural español, que complemente las políticas europeas en esta materia.

Mediante esta norma, se pretende un mayor impulso de las zonas rurales y, prioritariamente, en las que padecen mayor grado de atraso relativo, mejorando la situación socioeconómica de la población de las zonas rurales y el acceso a unos servicios públicos suficientes y de calidad.

Por ello, esta Ley identifica un amplio número de posibles acciones y medidas de desarrollo rural sostenible, que pueden ser aplicadas tanto por la Administración General del Estado como por las Administraciones autonómicas según sus respectivas competencias.

El Programa de Desarrollo Rural Sostenible (PDRS) es un instrumento sobre el que se llevará a la práctica esta nueva política rural española. En él se definen la estrategia y los objetivos de desarrollo rural, las zonas rurales donde se aplicará, las medidas de desarrollo rural que se pondrán en marcha, el marco de actuación de cada Administración Pública y el sistema para evaluar el cumplimiento de los objetivos planteados.

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